Una mesa, muchas voces: consensos y demandas por el bosque nativo
Una mesa de diálogo convocada por la Dirección General de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia reunió voces expertas y territoriales que exigieron la conformación de una comisión interdisciplinaria para actualizar el ordenamiento territorial. La tinta habló con Fernando Barri, Alicia Barchuk, Federico Kopta, Dardo López, Melina Dassano y representantes del Movimiento Campesino de Córdoba tras la reunión. La urgencia de actualizar el ordenamiento del bosque nativo y aplicar la Ley 9814, la necesidad de una mayor fiscalización y el pedido por el reconocimiento de promotores rurales del bosque como actores clave en su protección.
La semana pasada, la Dirección General de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Ambiente y Economía Circular, a cargo de la ministra Victoria Flores, convocó a referentes de organizaciones campesinas, científicos y técnicos a dialogar y debatir sobre el estado actual del ordenamiento territorial, y con el fin de robustecer la implementación de la Ley provincial 9814, en un marco de amplia participación. “El objetivo es avanzar en acciones concretas sobre el cuidado de nuestro bosque, la señalización de zonas de alta conservación y el desarrollo de las comunidades que habitan y producen en estos territorios”, dijo Pablo Riveros, director general de Ordenamiento Territorial.
Fernando Barri, doctor en Ciencias Biológicas y especialista del CONICET, sostuvo que la reunión, encabezada por Flores y Riveros, buscó “un primer abordaje para explorar la conformación de una comisión participativa e interdisciplinaria, con todos los actores involucrados, para actualizar el Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo que Córdoba aún no ha concretado”.
Barri remarcó que “aunque la pérdida de bosque hoy no alcanza los niveles de los grandes desmontes previos a 2010, se trata de una sangría persistente que debe detenerse ya. No se puede perder ni un solo árbol más nativo en la provincia de Córdoba”. Una de las principales preocupaciones está puesta en el rol municipal y en la ausencia de mecanismos provinciales eficaces para frenar el avance ilegal de urbanizaciones y desmontes sobre áreas protegidas.
La ley como herramienta para el equilibrio
Alicia Barchuk, doctora en Ciencias Agropecuarias y referente en defensa del monte nativo, subrayó que “la Ley 9814 prevé una Comisión Asesora Honoraria de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (CAHOTBN), que debería operar con participación institucional y territorial efectiva”. Planteó que esta mesa debe articular ministerios y sectores diversos para formular decisiones integrales, tomando como eje la vulnerabilidad ambiental de los territorios.
Barchuk también advirtió que, si bien la creación de una «Mesa de Bosque Nativo» puede ser un paso, no es la solución principal a la amenaza constante de incendios y desmontes. “La fiscalización, sanción y aplicación plena de la ley recaen en la Autoridad de Aplicación. Es fundamental gestionar de forma transparente y oportuna los fondos, promover activamente los planes de manejo y conservación, implementar un monitoreo satelital eficaz y aplicar sin demoras el régimen de infracciones”, sostuvo.
Criterios técnicos y compromiso real
Federico Kopta, biólogo, docente y presidente del Foro Ambiental Córdoba, advirtió que cualquier actualización del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN) debe incluir las capas de infracciones, que no debe existir una amnistía de hecho sobre los desmontes ilegales y que se debe incluir la capa de Reservas Forestales Intangibles creadas por los «Términos de Referencia para las intervenciones del Bosque Nativo», Res. 010/05 de la Agencia Córdoba Ambiente, que son 251.914 hectáreas que deben ser monte en categoría «rojo». “Estas no tienen nada que ver con las áreas naturales protegidas, son otra cosa. Corresponde a un 30% o 40% de la superficie total de los campos que se permitió desmontar a cambio de que queden núcleos, corredores biológicos y áreas de recuperación”, aclaró.
Con relación a este tema, la ministra fue clara en la postura sobre la implantación de la ley: “No estamos para interpretarla, sino para aplicarla. Donde es rojo, es rojo”.
La ley como herramienta para el equilibrio
Alicia Barchuk, doctora en Ciencias Agropecuarias y referente en defensa del monte nativo, subrayó que “la Ley 9814 prevé una Comisión Asesora Honoraria de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (CAHOTBN), que debería operar con participación institucional y territorial efectiva”. Planteó que esta mesa debe articular ministerios y sectores diversos para formular decisiones integrales, tomando como eje la vulnerabilidad ambiental de los territorios.
Barchuk también advirtió que, si bien la creación de una «Mesa de Bosque Nativo» puede ser un paso, no es la solución principal a la amenaza constante de incendios y desmontes. “La fiscalización, sanción y aplicación plena de la ley recaen en la Autoridad de Aplicación. Es fundamental gestionar de forma transparente y oportuna los fondos, promover activamente los planes de manejo y conservación, implementar un monitoreo satelital eficaz y aplicar sin demoras el régimen de infracciones”, sostuvo.
Criterios técnicos y compromiso real
Federico Kopta, biólogo, docente y presidente del Foro Ambiental Córdoba, advirtió que cualquier actualización del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN) debe incluir las capas de infracciones, que no debe existir una amnistía de hecho sobre los desmontes ilegales y que se debe incluir la capa de Reservas Forestales Intangibles creadas por los «Términos de Referencia para las intervenciones del Bosque Nativo», Res. 010/05 de la Agencia Córdoba Ambiente, que son 251.914 hectáreas que deben ser monte en categoría «rojo». “Estas no tienen nada que ver con las áreas naturales protegidas, son otra cosa. Corresponde a un 30% o 40% de la superficie total de los campos que se permitió desmontar a cambio de que queden núcleos, corredores biológicos y áreas de recuperación”, aclaró.
Con relación a este tema, la ministra fue clara en la postura sobre la implantación de la ley: “No estamos para interpretarla, sino para aplicarla. Donde es rojo, es rojo”.
Sin embargo, este sector advierte sobre dificultades prácticas para la implementación efectiva de la ley, especialmente, tras la eliminación del fondo de compensación y los retrasos en la llegada de recursos, fundamentales para “invertir y seguir cuidando el monte”. Por ello, demandan “la conformación y revisión urgente de los fondos de compensación y el reconocimiento de promotores territoriales de bosque,” campesinos capacitados en la detección temprana de incendios y desmontes, y en la elaboración de planes de conservación.
La conversación entre actores institucionales, científicos y territoriales confirma que el bosque nativo de Córdoba debe ser entendido como una reserva estratégica de agua y biodiversidad. La Ley 9814 sigue siendo una herramienta valiosa, pero requiere actualización, financiamiento y aplicación rigurosa. La conservación del monte cordobés exige algo más que buenas intenciones: voluntad política, ciencia aplicada y presencia territorial.
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Fuente: La Tinta
