Avanza en Córdoba un proyecto pionero para prohibir las trampas de aves y frenar el tráfico de fauna

Con el consenso de científicos, ambientalistas y fuerzas de seguridad, la Legislatura cordobesa debate una norma clave para erradicar las jaulas tramperas. La medida busca cortar el primer eslabón del comercio ilegal y aliviar la presión sobre los centros de rescate de especies.
La preservación del patrimonio natural sumó un debate institucional decisivo en el ámbito legislativo. En la Sala de Verdad, Memoria y Justicia, la Comisión de Ambiente y Recursos Renovables comenzó el análisis de una propuesta integral que busca prohibir de manera absoluta la fabricación, comercialización y uso de jaulas tramperas, así como de cualquier otro dispositivo diseñado para la captura furtiva o el cautiverio no autorizado de animales silvestres.
Lejos de tratarse de una mera formalidad, la iniciativa apunta a la raíz de una problemática histórica que golpea directamente a los ecosistemas locales. El uso sistemático de estas herramientas constituye el principal motor de la caza ilegal de aves autóctonas, un flagelo que erosiona la biodiversidad regional y genera un severo desequilibrio en la fauna nativa.
Además de abordar el impacto ambiental, el debate incorpora una mirada preventiva de salud pública y bienestar animal. La regulación pretende reducir los riesgos sanitarios asociados a la manipulación sin control de especies silvestres y descomprimir la saturación que enfrentan hoy los centros de rescate y rehabilitación, desbordados por el constante decomiso de ejemplares en el circuito ilícito.

Un consenso técnico y académico integral
El tratamiento en comisión se destacó por un intenso trabajo interdisciplinario que reunió a los principales actores territoriales y científicos del área. Entre los expositores estuvieron representantes de la organización Aves Argentinas (Sergio Acosta y Martín Alberto Cascone), especialistas de la Universidad Católica de Córdoba y la Reserva Tatú Carreta (María del Rosario Ahumada, Javier Edgardo Alvarez, Noemí Salinas y Fernando Betolli), así como miembros del Foro Ambiental (Camila Sosa y Camila Trigilio) y la Fundación Mil Aves (Guillermo Galliano).
Asimismo, el análisis técnico y operativo sumó los aportes institucionales de la Subsecretaría de Biodiversidad —con las intervenciones de Victoria Arcamone y Antonella De Luca— y de la Policía Ambiental, representada por Adrián Rinaudo y Belén Blanda.
El proyecto —que fue presentado con la firma de la bancada impulsora a cargo de Brenda Austin y Abraham Galo— continuará en estudio en el seno de la comisión. Las autoridades legislativas confirmaron que se mantendrá la recepción de informes técnicos para consolidar un marco normativo contundente y aplicable que sirva de referencia en la región.

Fuente: Página 12