El RIGI cordobés: beneficios para empresas y una mínima cantidad de recursos para la comunidad
Integrantes del Foro Ambiental de Córdoba y la Asamblea Paravachasca dialogaron con El Resaltador sobre las consecuencias que implican las actividades extractivistas liberadas por el RIGI “cordobés”.
En septiembre, en la Legislatura, se aprobó la adhesión al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, versión «cordobés», presentado por el oficialismo. En él se incluyeron propuestas superadoras al RIGI impulsado por la Ley Bases en el Congreso.
Uno de los principales ejes, es que se le otorga a grandes empresas, con inversiones de más de 200.000.000 millones de dólares, fuertes incentivos en materia fiscal y económica, durante el tiempo estimado de 30 años.
Lo anterior, en la práctica, implica una flexibilización de los requisitos ambientales para poder recibir estas inversiones relacionadas con sectores extractivistas, explicó Federico del Foro Ambiental Córdoba.
“Van a poder contar con estos beneficios que son superiores a los que otorgaba la Ley Minera, del año 1993”, advierte.
A partir de esta Ley Minera llegaron inversiones como la explotación de oro y otros metales, que generaron impactos ambientales en la zona cordillerana. No obstante, los beneficios económicos para las comunidades fueron nulas y el beneficio para el país tampoco fue relevante.
“Desde el Foro Ambiental de Córdoba hemos planteado la oposición a la Ley Bases, justamente por el Régimen de Incentivos; que en el caso concreto de Córdoba seguramente traerá estos beneficios para el sector agrícola ganadero, para el sector minero y la explotación de rocas”, sumó Federico.
El avance sobre los derechos ambientales y la explotación laboral
Por su parte, Diego Aranda, integrante de la Asamblea Paravachasca, apunta contra el RIGI y asegura que “es un plan de negocios impulsado por el Gobierno nacional para rematar y entregar bienes naturales que son colectivos a empresas de capitales nacionales y extranjeros”.
“Esta entrega no se hace sin dejar pasivos ambientales irremediables en los territorios, condenando inevitablemente a la miseria y pobreza sistemática a las comunidades afectadas”, agrega.
La lectura que hace la Asamblea Paravachasca sobre la aprobación y posterior adhesión al RIGI, es que va en sintonía con las políticas públicas extractivistas que vienen dándose en la provincia desde el año 99.
Esto puede evidenciarse en la expansión de la frontera agropecuaria, en el desarrollo inmobiliario y turístico sobre los valles serranos y las obras de autovía. Además, Diego resalta que los incendios forestales en los territorios de montes nativos en los últimos 5 años se han intensificado.
“El RIGI viene a poner mayor visibilidad desde el punto de vista impositivo, legal y jurídico en las gestiones del Gobierno de Córdoba”, explica el entrevistado.
Desde la Asamblea vienen denunciando que estos proyectos inciden en tres ejes fundamentales. Entre ellos, las obras de autovía, que fueron trazadas en función de las plantas de biocombustible y bioetanol, ubicadas estratégicamente.
En cuanto a la megaminería, «el RIGI como prioridad jurídica tendría allí un camino allanado con todo lo que tiene que ver con el uranio en zonas como Los Gigantes y Calamuchita”.
Desde hace tiempo, la Asamblea Paravachasca viene trabajando en articulación, no solo con otras organizaciones ambientales, sino también con agrupaciones sociales y sindicales, para debatir en torno a las implicancias que este Régimen tendrá para la clase trabajadora.
«El RIGI es parte central de la reforma laboral contenida en la Ley Bases, la cual constituye la entrega absoluta de la clase trabajadora a la profundización de la explotación y precarización laboral en todas sus dimensiones”, expuso Diego.
Una lucha que sigue en pie
Para concluir, Diego Aranda aseguró que «en Córdoba, el gobierno de Llaryora afina la letra de su propia versión del RIGI a la sintonía del cordobesismo, con la intención de seguir exprimiendo los valles serranos y los territorios en los que todavía existe monte nativo».
La finalidad de esta explotación indiscriminada, según el entrevistado, es «profundizar el agronegocio para biocombustibles, la minería canteril y megaminería contaminante a cielo abierto para extraer litio y uranio, y los megaproyectos inmobiliarios y turísticos en las sierras”.
Fuente: Portal El Resaltador
