Cuestionan que la Sociedad Rural usa información “errónea y sesgada” contra la Ley de Bosques

Profesionales de diferentes instituciones cordobesas elaboraron una respuesta al informe que los ruralistas utilizaron para plantear la modificación de la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo. Además proponen estrategias de prevención
En medio de los incendios en Córdoba, el pasado 14 de septiembre, Eduardo Riera presidente de la Sociedad Rural de Jesús María realizó polémicas declaraciones en el marco de la 77° Exposición Rural de Jesús María, en las que cuestionó la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo (9.814). Allí planteó que la vegetación es la causante de los focos de incendio y de esta manera justificó una modificación legislativa para extender la frontera agroganadera.
“La Ley de de Ordenamiento Territorial es un perjuicio jamás visto para nuestra biodiversidad. No tiene lógica, no tiene sustento. Perjudica todo lo que dice proteger, no sirve. Se quemaron 1,2 millones de hectáreas, de los cuales 200 mil son bosque nativo”, precisó el dirigente ruralista en el acto.
“Quedó demostrado con el correr de los tiempos que la ley de ordenamiento territorial actual es una generadora de más material combustible. (…) La ley de ordenamiento territorial quemó todo el bosque, los campos, las chacras y los alrededores de las ciudades”, agregó Riera.
En el público estaban la vicegobernadora de la Provincia, Myrian Prunotto y el ministro de Bio Agroindustria, Sergio Busso, así como el titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino.
La opinión de Riera se basó en un informe solicitado por la Mesa de Enlace a Marcelo Romero y Erio Curto, de profesiones ingeniero agrónomo y biólogo, respectivamente, que fue titulado Estudio de áreas quemadas en la provincia de Córdoba: Periodo 2010-2022.
Sin embargo, dicho informe fue analizado y cuestionado por profesionales de diferentes instituciones cordobesas como el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV), el Centro Científico Tecnológico CONICET, la Red de Restauración Ecológica Argentina (Nodo Centro), Ecosistemas Argentinos, el Foro Ambiental Córdoba y el INTA.
Según la respuesta plasmada en un informe por profesionales de estas instituciones, titulado Análisis crítico sobre el “Estudio de áreas quemadas en la provincia de Córdoba: período 2010-2022” y sus repercusiones en medios de comunicación masivos, hay “falencias o errores en la información generada y en su posterior interpretación” en el estudio de las patronales agropecuarias. Dicha interpretación, hecha también por diferentes medios de comunicación de la provincia, fue caracterizada como “errónea y sesgada” por las y los redactores del mencionado análisis.
Entre los puntos que cuestionan los autores, está el método utilizado para estimar superficie quemada, el cual “no es lo suficientemente preciso, ya que se basa en datos satelitales de resolución espacial moderada a baja, mientras que existen imágenes satelitales con resoluciones altas y de acceso gratuito que son más adecuadas”. En relación a las herramientas de cálculo de las áreas, cuestionaron que “los productos satelitales utilizados en el estudio son más adecuados para la detección de incendios activos que para la estimación de superficie quemada”.
Respecto del análisis de la vegetación afectada, explican que “carece de rigurosidad metodológica, dado que para 7 años de la serie de superficies quemadas utilizan mapas de vegetación posteriores a los eventos de fuego, con lo cual, en lugar de analizar la vegetación afectada por el fuego, analizan la vegetación registrada luego de la ocurrencia de fuego”.
En relación a los medios de comunicación que han reproducido la información ruralista como Canal 12, Bichos de Campo, La Voz del Interior, se les cuestiona haber “difundido información que no está incluida en el informe y la información generada se interpretó sesgadamente”. Según el análisis, en estas plataformas se afirmó que el 75% de los incendios ocurrieron en bosques cuyo uso está regulado por la Ley de Bosques, “pero esos valores no se sustentan con datos del propio informe y, al mismo tiempo, reflejan una incongruencia metodológica”.
A continuación, cuestionan también que en estos medios se haya difundido la frase “los bosques que más se incendian son los que más se cuidan”, ya que no hay ningún tipo de argumento científico que valide esta afirmación. Al contrario. “Si se considera la incidencia de fuego en todo el territorio provincial, el tipo de cobertura del suelo menos afectado fue la cobertura boscosa, que es objeto de aplicación de la Ley de Bosques”, fundamentan las y los autores, con información basada en el propio informe de Romero y Curto.
También se remiten a más evidencias bibliográficas para fundamentar “que los bosques en estados más maduros y con mayor cobertura de canopia se queman en menor proporción que otros tipos de cobertura como bosques inmaduros y pastizales”. Según explican, en los bosques maduros el dosel arbóreo (capa superior) disminuye la llegada de luz solar directa a nivel del suelo. De esta manera, se reduce el crecimiento y la acumulación de biomasa de pastos y otras especies herbáceas, que son muy inflamables.
En función de estos argumentos, proponen que para la prevención a largo plazo, se promueva que los bosques que se encuentran en estado inmaduro (dominados por pastos, arbustos y árboles pequeños) puedan madurar hasta formar una canopia continua y actúen como cortafuegos naturales. “Para ello se requieren políticas de silvicultura, conservación y gestión sostenidas en el tiempo”, señalan las y los especialistas.
También remarcan que lo fundamental de “avanzar y profundizar una política provincial y nacional de manejo del fuego, en la cual la planificación de cortafuegos y la prevención de incendios son la base” ya que, “en el caso del manejo de los cortafuegos, el pastoreo puede representar una herramienta efectiva para disminuir la carga de combustible fino”.
Sin embargo, en seguida cuestionan que “en la mayoría de los casos falta infraestructura para realizar un buen manejo del ganado, destinado a lograr el consumo de la biomasa herbácea seca, más propensa a quemarse, y al mismo tiempo evitar el sobrepastoreo, con el objetivo de no perjudicar a la regeneración de las especies arbóreas que componen el dosel del bosque”.
Finalmente, plantean que “es fundamental que la Ley de Bosques reciba el financiamiento en tiempo y forma, para poder implementar efectivamente políticas de manejo y conservación de bosques, entre los cuales se contempla la gestión de incendios forestales”.

Fuente: Portal Enfant Terrible