Exoneración de la Dra. Virginia Aparicio, del INTA. Defender el valor de la ciencia es contribuir a una sociedad mejor informada y a un futuro ambientalmente sostenible

Desde el Foro Ambiental Córdoba manifestamos nuestra preocupación ante la exoneración de la Dra. Virginia Aparicio, investigadora del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), quien participó en el proyecto internacional SPRINT, dedicado al estudio de la presencia de plaguicidas en el ambiente y de la exposición humana a estas sustancias.
Es importante comprender la magnitud de los resultados logrados a través del estudio coordinado por la Dra. Aparicio. En nuestro país se tomaron muestras durante el año 2021, en la provincia de Buenos Aires. En las muestras de suelo se detectaron hasta 12 residuos de plaguicidas diferentes; en aguas superficiales entre 10 y 28. Y en el polvo de las viviendas, entre 43 y 86 diferentes. En alimentos para animales encontraron hasta 25; en su orina hasta 12, y en su materia fecal, hasta 16.
En los 73 voluntarios que participaron del proyecto encontraron, en sangre, entre 2 y 10 plaguicidas diferentes; en orina entre 6 y 13 y, en materia fecal, hasta 18 . En las pulseras de silicona que utilizaron durante siete días, se registraron entre 7 y 53 plaguicidas. Y ,en alimentos de los participantes, entre 6 y 22.
Las investigaciones sobre la presencia de plaguicidas en el ambiente y en el organismo humano aportan información relevante que debe ser estudiada, evaluada y puesta a disposición de la sociedad. La generación de conocimiento y el debate científico abierto son esenciales para construir políticas públicas basadas en evidencia.
La ciencia constituye una herramienta indispensable para la toma de decisiones públicas responsables. En materia ambiental, el conocimiento científico permite identificar riesgos, comprender sus consecuencias, orientar políticas de prevención y adoptar medidas destinadas a proteger la salud de las personas y los ecosistemas.
Consideramos fundamental que las decisiones institucionales respeten los principios de razonabilidad, proporcionalidad y debido proceso, y garanticen las condiciones necesarias para el desarrollo de la investigación científica. Fortalecer las instituciones científicas, preservar la independencia de quienes investigan y garantizar el acceso a la información ambiental son condiciones necesarias para una gestión pública transparente y comprometida con el bienestar colectivo.
El artículo 41 de la Constitución Nacional reconoce el derecho de todos los habitantes a un ambiente sano y establece el deber de las autoridades de protegerlo y proveer información ambiental, lo cual es profundizado con la adhesión al Acuerdo de Escazú.
Desde el Foro Ambiental Córdoba reafirmamos nuestro compromiso con el diálogo entre la comunidad científica, las instituciones públicas y la sociedad civil, convencidos de que las mejores decisiones se construyen a partir del conocimiento, la participación y el respeto institucional.
Defender el valor de la ciencia es contribuir a una sociedad mejor informada y a un futuro ambientalmente sostenible.

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