Un proyecto de ley propone fumigaciones a 10 metros de viviendas
El proyecto de Maximiliano Ferraro y Atilio Benedetti pretende habilitar fumigaciones con agrotóxicos, actividad probadamente tóxica y cancerígena.
Un proyecto de ley, de los diputados Atilio Benedetti (UCR – Entre Ríos) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica – CABA), propone habilitar las fumigaciones con agrotóxicos a tan solo 10 metros de viviendas.
El proyecto pretende regular las fumigaciones con agrotóxicos en todo el país. Fue elaborado junto a la llamada Red de Buenas Prácticas Agropecuarias (RedBPA), integrada por más de 80 instituciones y cámaras empresariales del agronegocio.
En el artículo 7 del proyecto, se crea una zona de exclusión en la que no se podrán realizar fumigaciones con agrotóxicos, mientras que en el artículo 9, esa zona se extiende desde el límite exterior hacia la zona productiva y hasta la distancia de solo diez metros para el caso de las fumigaciones terrestres, con vehículos aéreos no tripulados, aeronaves pilotadas de manera remota o drones; y de 45 metros para el caso de las fumigaciones aéreas.
En Córdoba conocemos de primera mano los resultados de fumigar con agrotóxicos cerca de viviendas. Tal es el caso emblemático de Barrio Ituzaingó, en el que las fumigaciones a corta distancia ocasionaron una alta tasa de cánceres, especialmente en niñas y niños: en 2009, de 5000 habitantes, 200 estaban enfermos. Solo después de años de lucha y juicio, las Madres de Ituzaingó lograron que se reconozca a la fumigación cercana como delito.
«El proyecto es inconstitucional, ilegal y anticientífico«
Según Darío Ávila, abogado especializado en Derecho Ambiental, «el proyecto de ley apunta a la consolidación y perpetuación del modelo de producción agroindustrial dominante, extractivista y químico-dependiente, que —conforme a la ciencia climática especializada—, se ha constituido en el impulsor directo y principal del cambio climático y el calentamiento global«.
El abogado explica que las Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA) determinadas por el modelo agroindustrial son inconstitucionales: violentan el derecho humano a vivir en un ambiente sano, libre de toda actividad que ponga en riesgo la salud, la vida y la integridad de las personas y seres no-humanos. Tampoco se permiten actividades productivas que comprometen a generaciones futuras (Artículo 41 de la Constitución Nacional), ni el derecho de acceso al agua potable y a la adecuada alimentación.
Ávila también señala que las BPA y el proyecto son ilegales, contrarias al principio ambiental de progresividad y no regresión que determina que los objetivos ambientales deberán ser logrados en forma gradual y que, una vez alcanzado un status ambiental determinado, éste no debe disminuirse.
«Este proyecto de ley desconoce la construcción jurídica colectiva desarrollada durante estos últimos 20 años desde los territorios de pueblos fumigados y que ha obtenido recepción favorable en las más recientes jurisprudencias provinciales y nacionales, que fundada en criterios científicos han determinado que las fumigaciones no pueden realizarse a menos de 1.095 metros de las viviendas urbanas, establecimientos escolares rurales, ríos, arroyos y pozos de agua», explica el abogado ambiental.
Ávila expone cómo el proyecto de ley de los diputados Ferraro y Benedetti se basa en argumentos del Grupo de Trabajo sobre Toxicología y Análisis de Riesgo del ILSI, espacio de referencia del agronegocio transgénico.
El trabajo fue elaborado por Federico Martín Elorza (Coordinador técnico de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes –Casafe–) y Eduardo Antonio Moavro (coordinador de BPA del Ministerio de Agricultura de Nación), personas que pertenecen a organismos con intereses directamente vinculados al agronegocio, «todo lo cual es demostrativo de la falta de imparcialidad, objetividad, independencia y rigor científico. Existe aquí un manifiesto conflicto de interés», denuncia el abogado.
El lobby del agronegocio se hace presente y pujante cada vez que se intenta discutir con rigor las sustancias agrotóxicas y sus impactos sanitarios y ambientales.
El informe sobre el que se basa el proyecto de ley «no ha sido publicado en ninguna revista científica prestigiosa ni reconocida, no ha sido evaluado por pares científicos, no se avizora que haya sido aprobado por autoridades públicas competentes, ni que haya sido validado por fuentes institucionales que evidencie garantías metodológicas de transparencia ajustadas al mejor criterio científico. Muy por el contrario, las pruebas de derivas de los agrotóxicos a los que refiere el informe han sido realizadas solo con el uso de agua y de tarjetas hidro-sensibles (metodología muy alejada de la realidad de los campos)», señala Ávila.
El abogado concluye que el proyecto de ley debe ser rechazado por el Congreso del la Nación por contrariar los convenios internacionales en materia de cambio climático suscriptos por la Argentina, la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente 25.675, así como por carecer de fundamentos y rigor científico.
El desastre ecológico y social que deja tras de sí el modelo agroextractivista
Según el informe elaborado por la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (Ipbes), las actividades económicas humanas han tenido un enorme y acelerado impacto en el planeta: el 75% de la superficie terrestre ha sufrido alteraciones considerables, el 66% de la superficie oceánica experimenta cada vez más efectos acumulativos y se destruyó el 85% de la superficie de humedales y millones de hectáreas boscosas.
Ese impacto ambiental se explica en los últimos 50 años por el cambio de uso de la tierra, especialmente por la expansión agrícola y ganadera y un uso intensivo del monocultivo, a expensas de los bosques, humedales y praderas.
En Argentina, entre 1990 y 2014 se perdieron siete millones de hectáreas de bosques nativos. La tasa de deforestación promedio fue de 289.000 hectáreas por año.
El modelo agroindustrial trae consigo desertificación de los suelos, perdida de bosques nativos y biodiversidad, contaminación del agua, aire, suelo, cambio climático.
Además, tiene consecuencias sociales y económicas: desaparece el pequeño productor, se desplazan poblaciones, se pierden empleos, se perpetúa un modelo de acumulación y producción primario-exportador sin posibilidades de soberanía sujeto a la dolarización de la economía y las necesidades de países compradores. Por último, están las graves consecuencias sanitarias asociadas al uso y exposición de los agrotóxicos.
«Es fundamental iniciar una profunda transición hacia otras formar de producción y consumo, abandonar la matriz energética de base fósil, virar hacia una economía no dependiente del mercado, apostar a lo local, de base solidaria y comunitaria», remarca Ávila.
Federico Kopta, biólogo y presidente del Foro Ambiental Córdoba, habló con el medio Canal 10 sobre los peligros del proyecto de ley, en sintonía con lo expresado por Ávila.
Kopta advirtió que detrás de la iniciativa “está el interés empresario”, y que al proyecto “le falta la pata ciudadana y la pata científica”.
El biólogo enfatizó que la cercanía de las fumigaciones expone a familias y comunidades a sustancias tóxicas que afectan la salud humana, la biodiversidad y la calidad del aire y del agua.
Fuente: El Resaltador
