Alerta sobre el futuro de la Reserva Natural de la Defensa La Calera: entre la opacidad oficial y el riesgo ambiental
La Reserva Natural de la Defensa La Calera constituye uno de los activos estratégicos y ecológicos más críticos de la provincia de Córdoba. Con una extensión superior a las 11.000 hectáreas bajo custodia del Ejército Argentino, este territorio representa el pulmón verde más grande del Gran Córdoba. Su función es vital: actúa como un regulador hídrico natural que mitiga inundaciones y protege las cuencas que abastecen de agua a la capital y zonas aledañas. Además, posee un valor biológico incalculable al funcionar como el corredor natural que conecta los ecosistemas de las Sierras Chicas, preservando el bosque nativo frente a la creciente presión urbana siendo una barrera fundamental para garantizar la integridad del paisaje ante el avance de la frontera inmobiliaria.
Más allá de su riqueza ambiental, la importancia de la reserva también abarca dimensiones históricas y sociales. Al albergar sitios vinculados a la memoria de la región, se constituye, sin duda, en un espacio de preservación de los derechos humanos. Esta relevancia quedó claramente evidenciada con las recientes identificaciones de 12 perfiles genéticos en la zona de “Lomas del Torito”, dadas a conocer por el Juzgado Federal N.º 3 de Córdoba y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
Las alarmas: traspaso de tierras y fragmentación del ecosistema
Durante 2025, dos hechos han generado profunda preocupación en organizaciones sociales y en el Foro Ambiental Córdoba:
- En primer lugar, el anuncio de un posible traspaso de estas tierras a la órbita provincial como mecanismo para saldar la deuda previsional que el Estado Nacional mantiene con Córdoba. Esto fue publicado en distintos medios de comunicación:
- Se publicó la noticia de que el Gobierno de Córdoba tramita con la Nación el cobro de deuda previsional mediante el canje de bienes, entre ellos tierras del Ejército o la Central Nuclear de Embalse. Por ejemplo, en La Voz de San Justo del 26 de abril de 2025 https://www.lavozdesanjusto.com.ar/el-conflicto-por-la-caja-de-jubilaciones-una-larga-historia-de-desencuentros
- La Política Online del 25 de abril de 2025 menciona que la Provincia “aspira al pago en especies, a través del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas. En el Gobierno provincial listan bienes nacionales que les interesaría administrar: la Central Nuclear de Embalse de Río Tercero, propiedad de Nación a través de Nucleoeléctrica, viviendas sin terminar del Procrear, 11.330 hectáreas del Ejército y Fadea, la fábrica de aviones.” https://www.lapoliticaonline.com/cordoba/llaryora-presiona-a-milei-para-que-le-garantice-los-fondos-de-la-caja-de-jubilaciones/
- El Puntal de Río Cuarto titula su edición del 28 de junio de 2025 “Tras los fondos a la Caja, Córdoba ya negocia el canje de bienes. El lote abarca Fadea, la Central Nuclear de Embalse y tierras del Ejército. Se trata del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas de Javier Milei, con el cual la Provincia busca cobrar deudas.” https://www.puntal.com.ar/caja/tras-los-fondos-la-caja-cordoba-ya-negocia-el-canje-bienes-n238822
- En segundo lugar, los proyectos de pavimentación y conectividad vial que atravesarían la reserva, amenazando con una fragmentación irreversible de su ecosistema.
Ante este escenario, el Foro Ambiental Córdoba ha iniciado una serie de gestiones administrativas para obtener claridad. Sin embargo, las respuestas gubernamentales han sido parciales, evasivas o, en los casos más críticos, inexistentes.
Cronología de una gestión marcada por el silencio oficial
La falta de transparencia se evidencia en la falta de respuesta a dos pedidos de informes realizados durante 2025:
A – El 24/09/2026 se solicitó información al Ministerio de Economía y Gestión Pública y al Gobernador Martín Llaryora (nota que fue posteriormente girada internamente también al Ministerio de Economía) la siguiente información:
- El listado de bienes de la Nación por el que la Provincia pretende cobrar parte de la deuda previsional, a través del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas.
- El destino que la Provincia le daría a cada uno de esos bienes en caso de obtenerlos.
- El grado de avance de la gestión ante la Nación.
Ante la falta de respuesta, se presentó Pronto Despacho el 15/10/25. Y como se continuó sin obtener respuesta, se presentó Recurso Jerárquico del 17/11/25. A la fecha, la Provincia no ha contestado dichas preguntas.
B – El 01/10/2025 se presentó nota en sede de Caminos de las Sierras, ubicada en Malagueño, solicitando la siguiente información:
- Copia del proyecto de pavimentación de la ruta E-64 que une La Calera y Malagueño.
- Copia del Estudio de Impacto Ambiental o Aviso de Proyecto.
Ante la falta de respuesta, se presentó Pronto despacho en sede de Caminos de las Sierras el 16/10/25. Al continuar la falta de respuesta, se presentó Recurso jerárquico el 27/11/25, como última instancia administrativa. A la fecha, Caminos de las Sierras sigue sin responder estas preguntas.
La resistencia de los sectores gubernamentales a brindar información ambiental no es solo una barrera burocrática; representa una vulneración directa de derechos fundamentales. La Ley de Información Pública Ambiental establece plazos perentorios y mecanismos obligatorios de rendición de cuentas. Sin transparencia, la inacción estatal deja a la comunidad en un estado de indefensión frente a políticas que comprometen su salud, su historia y sus recursos naturales.
El valor estratégico de la Reserva ante la crisis ambiental
La preservación de Reserva de la Defensa La Calera no es solo una cuestión de biodiversidad local, sino un imperativo de seguridad ambiental para el millón y medio de habitantes que dependen de sus servicios ecosistémicos. En un contexto de crisis climática global, donde los eventos meteorológicos extremos son cada vez más frecuentes, este territorio funciona como un «seguro de vida» regional. Cualquier alteración en su fisonomía que no comprenda mayores estándares de conservación sino que al contrario, implique fragmentación del asfalto o el cambio de su estatus jurídico, comprometería irreversiblemente la resiliencia de todo el valle de Sierras Chicas.
Permitir el avance de proyectos sin la debida transparencia informativa no sólo pone en riesgo un patrimonio histórico y natural único, sino que hipoteca el derecho de las futuras generaciones a un entorno equilibrado. La reserva es, en última instancia, el muro de contención que separa el desarrollo sustentable del caos ambiental en el corazón de la provincia.
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