Debate caliente. La mayoría de los diputados de Llaryora se encamina a rechazar la nueva Ley de Glaciares

Schiaretti, Gutiérrez, Brügge y Basualdo se aprestan a votar en contra, mientras que hay dudas con García Aresca y Torres. Este viernes vence el plazo para la inscripción en las audiencias públicas: se anotaron más de 95.000 personas para exponer.
La mayoría de los diputados cordobeses alineados al gobierno de Martín Llaryora se encamina a votar en contra de la reforma a la Ley de Glaciares, impulsada por gobernadores cordilleranos y rechazada por organizaciones ambientalistas. Juan Schiaretti, Carlos Gutiérrez, Juan Brügge y Carolina Basualdo se aprestan a votar negativamente, mientras que Ignacio García Aresca y Alejandra Torres aún no definen una postura.
El tema no se instaló con fuerza en Córdoba, ya que los glaciares se extienden a lo largo de la zona cordillerana e Islas del Atlántico Sur (hay casi 17.000 registrados hasta 2024 por el IANIGLA, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales). Sin embargo, los diputados de la provincia están obligados a sentar posición, en medio de un fuerte lobby empresario y un alto grado de sensibilidad social.
El proyecto que envió el Gobierno a pedido de los gobernadores de San Juan, Catamarca, Salta, Jujuy y Mendoza busca flexibilizar la protección de las zonas periglaciares para habilitar allí la actividad extractiva. Por detrás está el negocio de “cinco empresas mineras”, según denunció en una audiencia la diputada y científica rionegrina Adriana Serquis (Unión por la Patria).
En el Senado, Alejandra Vigo se pronunció en contra, sin matices: pronosticó que la nueva ley “va a tener efectos negativos en los próximos años” y que “nace de un interés estrictamente comercial”. Además, la cordobesa advirtió que se ignoran pactos internacionales suscriptos por Argentina y que “no se contempla el cambio climático como factor determinante”.
Días después de la media sanción, en una reunión de Provincias Unidas, su esposo Schiaretti alentó a sus pares a adoptar la misma posición. En principio, lo seguirán Gutiérrez, Brügge y Basualdo. Los dos últimos tienen firma en el dictamen como integrantes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales, respectivamente.
Las dudas recaen sobre García Aresca y Torres, dos diputados que vienen de ausentarse en la sesión de la reforma laboral del Gobierno por encontrarse de viaje. La pareja de Osvaldo Giordano, presidente del IERAL, explicó que mantiene reuniones con organizaciones para “escuchar opiniones”. El “Colo”, el diputado más cercano a Llaryora, también mantiene su postura bajo reserva.
El voto de los cordobeses restantes no es sorpresa: Natalia De la Sota (Defendamos Córdoba) y Gabriela Estévez (Unión por la Patria) votarán decididamente en contra, y los 10 cordobeses de La Libertad Avanza, al mando de Gabriel Bornoroni, a favor.

Argumentos en contra
“Con el argumento de que es necesario explotar la minería y generarle recursos a las provincias, el Gobierno Nacional se lleva puesto un recurso estratégico, como es el agua. Va a colapsar el sistema y dentro de 10 o 15 años vamos a estar llorando un pasivo ambiental. Entre Chile y Argentina tenemos una de las reservas más grandes del mundo, y ese recurso estratégico lo vamos a tirar por la ventana”, lamentó Gutiérrez.
El ladero de Schiaretti también señaló que “ni siquiera el IANIGLA ha completado el inventario, sobre todo de los periglaciares, que es donde se mete el tema de la convivencia entre la minería y el daño al medioambiente”.
Por su parte, Brügge cuestionó el proyecto desde el punto de vista constitucional, ya que le da a las provincias la potestad de determinar qué zonas protege y en cuáles se pueden practicar actividades extractivas. El diputado democristiano consideró que el tema es interjurisdiccional y se preguntó: “¿Le vamos a dar la facultad a un solo gobernador de que cierre el grifo de una cuenca hídrica y afecte a provincias aguas abajo?”.
Los cordobeses prevén que la ley se terminará judicializando. En realidad, ya está ocurriendo: Greenpeace (que realizó una intervención de impacto en el Congreso el día que el Senado trató la ley) presentó este jueves un amparo contra las audiencias públicas que se llevarán adelante el próximo miércoles 25 y jueves 26 en Diputados.
El motivo es que los presidentes de las comisiones, ambos de La Libertad Avanza, implementaron restricciones ante un aluvión de inscriptos que, al cierre de esta nota, superaba los 95.000. Establecieron que solo podrán exponer los primeros anotados de cada uno de los 24 distritos, con cinco minutos cada uno. Los que queden afuera podrán enviar ponencias escritas o colgar videos en el canal de YouTube de la Cámara.
Entre los cordobeses inscriptos figuran representantes del Foro Ambiental Córdoba; el Partido Humanista; la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos; las asociaciones civiles Conciencia Solidaria y Futuro Córdoba; el Instituto Superior de Estudios Ambientales (ISEA) de la Universidad Nacional de Córdoba; y hasta una concejala del Frente de Izquierda, entre otros.
La primera audiencia será presencial, mientras que en la segunda la participación será virtual. Para el primer día ya se prepara un fuerte operativo de seguridad en el Anexo C de la Cámara, frente al Congreso. Solo se permitirá ingresar a la sala de reuniones a los diputados que integran las comisiones del debate, a dos asesores por bloque, a la prensa acreditada y a los propios expositores, en tandas.
Superadas las audiencias públicas, el oficialismo aspira a dictaminar y votar el proyecto en el recinto en los primeros días de abril, aunque en la oposición dudan de que pueda cumplirse el objetivo.

Fuente: La Voz del Interior