CONICET desmintió a la Sociedad Rural por la Ley de Bosques: “Se trató de un estudio sesgado y erróneo”

El CONICET presentó un análisis crítico sobre el abordaje de la Ley de Bosques que tuvo el “Estudio de áreas quemadas en la provincia de Córdoba: período 2010-2022” y sus repercusiones en medios de comunicación masivos.
Este relevamiento se publicó el pasado 14 de agosto y fue realizado por el Ing. Agr. Marcelo Romero y el Biólogo Erio Curto. Allí se presentó un análisis sobre la superficie quemada entre los años 2010 y 2022 en el arco noroeste ampliado, incluyendo 16 departamentos de Córdoba.
En su momento, fue solicitado por la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias conformada por: Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria Argentina, Sociedad Rural Argentina y Confederación Intercooperativa Agropecuaria.
El informe fue difundido por varios medios locales. En este marco, el presidente de la Sociedad Rural de Jesús María (SRJM), Eduardo Riera, se pronunció en contra de la Ley de Bosques y responsabilizó a la normativa por los incendios en la provincia.
“Quedó demostrado con el correr de los tiempos que la ley de ordenamiento territorial actual es una generadora de más material combustible”, sostuvo el referente de la Sociedad Rural de Jesús María.
Sin embargo, desde el CONICET se pronunciaron y señalaron que se trató de un estudio “sesgado y erróneo”.
Esto es debido a que se difundió información que no está incluida en el estudio. Se afirmó que el 75% de los incendios ocurrieron en bosques cuyo uso está regulado por la Ley de Bosques. Pero esos valores no se sustentan con datos del propio informe y, al mismo tiempo, reflejan una incongruencia metodológica.
“En el estudio no se explica cuál fue el procedimiento que utilizaron los autores para validar la estimación de superficies quemadas” afirman.
El equipo del CONICET argumentó que el método utilizado para estimar la superficie quemada del periodo 2010-2022 no fue lo suficientemente preciso, puesto que se basa en datos satelitales de resolución espacial moderada a baja (pixel de 1 km x 1 km), mientras que existen imágenes satelitales con resoluciones altas (píxel de 10 x 10 m o 30 x 30 m) y de acceso gratuito que son más adecuadas.
“Los productos satelitales utilizados en el estudio son más adecuados para la detección de incendios activos que para la estimación de superficies quemadas”, remarcaron.
Además, añadieron que “en lugar de analizar la vegetación afectada por el fuego, analizaron la vegetación registrada luego de la ocurrencia de fuego”.
Explicaron que la base de datos que registraron en el estudio de Romero y Curto, de áreas quemadas, incluyen un período de 12 años (2010-2022) e incluyeron 12 mapas de superficies quemadas anuales. Sin embargo, para estimar qué tipo de vegetación se quemó, utilizaron solamente un mapa que corresponde a la cobertura de suelo del período 2017-2018.
Por otra parte, criticaron la difusión que tuvo este estudio por parte de los medios masivos de comunicación, alegando que la información no se trató de manera adecuada.
Indicaron que la difusión «debe realizarse de manera responsable y basándose en información verificada. Sin embargo, diversas notas publicadas en varios medios de comunicación han difundido información que no está incluida en el informe de Romero y Curto”.
Un ejemplo de ello, es que en 12 años se quemaron un total de 120.000 hectáreas de categoría como de alto valor de conservación (rojo); y expresaron que solo el 75% de los incendios ocurrieron en zonas categorizadas como bosques de alto (rojo) o mediano (amarillo) valor de conservación.
Esto es totalmente erróneo: se perdió más del 90% de sus bosques a causa del cambio de uso del suelo impulsado por el avance de la frontera agrícola, la urbanización y el desplazamiento de la ganadería hacia ecosistemas naturales localizados en suelos menos productivos, y más susceptibles a degradarse.
Finalmente, destacaron que es fundamental tratar la Ley de Bosques y que reciba el financiamiento en tiempo y forma, para poder implementar efectivamente políticas de manejo y conservación de bosques, entre las cuales se contempla la gestión de incendios forestales.

Fuente: El Resaltador