Los líquidos cloacales que se vierten al río Suquía desde la Estación Depuradora de Aguas Residuales (Edar) Bajo Grande tienen prácticamente el mismo grado de contaminación que presentan cuando ingresan. El dato surge de los cuatro últimos relevamientos realizados por la Dirección de Policía Ambiental de la Provincia, y consta en un sumario administrativo que lleva más de dos años.
Parte de este informe, con fecha 12 de julio de este año, fue presentado la semana pasada a la Municipalidad y puede tener consecuencias judiciales.
El escrito, al que tuvo acceso La Voz, consta de cuatro páginas y resume más de dos años de inspecciones, estudios, notificaciones y presentaciones judiciales realizadas por la entidad de control, y donde se acreditan reiterados incumplimientos por parte del municipio a la hora del tratamiento de los efluentes.
Allí se detalla que Bajo Grande vuelca líquidos cloacales contraviniendo los parámetros ambientales establecidos en el decreto provincial 847/2016 –aunque allí no registra los porcentajes de contaminación– y se encontraría en violación del artículo 46 de la ley provincial 7.343, que prohíbe la deposición de sustancias contaminantes en el río.
De acuerdo con la normativa, todo líquido cloacal vertido a un cauce de agua debería contar con una carga máxima de Demanda Biológica de Oxígeno (DBO) de 30 miligramos por litro y valores máximos de coliformes totales y fecales de cinco mil y de mil bacterias cada 100 mililitros, respectivamente. Los estudios realizados por Policía Ambiental marcan que no se cumplen los estándares establecidos.
Entre abril de 2017 y junio de 2018, la Dirección asegura que realizó 13 inspecciones a la planta de Bajo Grande. En 12 oportunidades tomó muestras de efluentes. “Surge de las actas de constatación labradas que la planta no se encontraba funcionando adecuadamente”, señala el escrito sobre esta docena de relevamientos.
Ante los incumplimientos, el 31 de julio de 2018 Policía Ambiental incluyó a la Municipalidad de Córdoba en el registro de infractores, le aplicó una multa de más de cuatro millones de pesos, le prohibió la realización de nuevas conexiones a la red y le pidió precisiones sobre el plan de obras estipulado en el convenio urbanístico firmado con la Corporación América por el ex Batallón 141.
De acuerdo con la memoria, el 3 de agosto de ese año se remitió una copia de la resolución 157 al municipio, “que fue debidamente notificado”. No obtuvieron ninguna respuesta. Luego de casi un año de la notificación, Policía Ambiental volvió a intimar al municipio la semana pasada y con fecha 12 de julio le aplicó una multa conminatoria de 421.844,40 pesos por no cesar en el volcamiento y no informar el plan de inversión del convenio urbanístico.
En los cuatro controles que se realizaron desde agosto del año pasado hasta esta parte, los valores de contaminación en la salida de los efluentes mostraron similares grados de contaminación que en su ingreso.
Las conclusiones del informe de Policía Ambiental son compatibles con los resultados de los análisis que secuestró el juez Federal Miguel Hugo Vaca Narvaja del laboratorio de Bajo Grande y a los que también tuvo acceso La Voz. En los Tribunales Federales, frente al parque Sarmiento, está radicada una causa penal por contaminación de la cuenca de la laguna Mar Chiquita, que tiene a siete funcionarios de la gestión de Ramón Mestre imputados desde septiembre pasado.
En los relevamientos, que hace el mismo municipio y que tiene en su poder la Justicia Federal, la mayoría de los análisis evidencian que se han vertido al río líquidos que se pueden definir como cloacales, ya que a pesar de su paso por la planta tienen cargas bacteriológicas de cientos a miles de veces superiores a los valores permitidos.

Emergencia
El 5 de agosto de 2014, Mestre firmó el primer decreto para declarar la emergencia ambiental en la ciudad. La resolución fue renovada cinco veces más.
Desde la Municipalidad, no desconocen el funcionamiento deficiente de la planta y lo atribuyen a dos causas: la primera es el estado en que recibieron Bajo Grande de la gestión anterior, hace casi ocho años; y la segunda, que se están realizando obras para poder tratar todo el líquido que llega y en algunas ocasiones puede verse desbordado el sistema. Según el Palacio 6 de Julio, opera en un 70 por ciento.
“La planta está proyectada para tratar líquidos con una DBO de hasta 250 miligramos de oxígeno por litro y hay momentos en los que tiene más de mil. De manera que, por más que funcionara de eficientemente, no se podría tratar todo el líquido, y eso se debe al mal uso de las cloacas”, dijo a este medio el secretario de Planeamiento de la Municipalidad, Omar Gastaldi.
Con respecto a los estudios citados, el director de Redes Sanitarias y Gas del municipio, Daniel Bardagi, señaló que para que tengan validez no deben realizarse en el mismo momento y plantea la necesidad de una muestra compensada.
“Para tener un control de cómo llega el líquido cloacal y cómo sale, es necesario esperar al menos 24 horas para que cubra todo el proceso, así se toma el mismo flujo de agua. Eso podría explicar que en algunos momentos la carga orgánica sea similar en el ingreso y en el egreso”, dijo el funcionario.

Al río
En dos de las inspecciones que llevó adelante la repartición provincial este año, se comprobó que, directamente, no ingresó líquido cloacal al sistema de tratamiento de la planta. Se lo condujo a través de un conducto alternativo previsto para emergencias –by pass– y se lo vertió sólo con cloración al río.
En uno de los últimos controles, que data del 26 de junio, las autoridades constataron el vertido sin pasar por ninguna de las unidades depuradoras. Solamente se acreditó la realización del proceso de cloración antes de volcarlo al Suquía. Este es el paso final en todo tratamiento. En el informe consta que ese día el municipio se encontraba “trabajando en los percoladores secundarios” (unidades que se encargan de reducir la carga orgánica del efluente).
En esa inspección se verificó el estado de las unidades de tratamiento que conforman la planta. Se registró que los desarenadores nuevos –que cumplen la función de primer filtro de las aguas servidas– no funcionaban y que sólo estaba operativo uno de los cuatro más antiguos. Y que del cuarteto de sedimentadores primarios –donde se descartan los sólidos que pueden haber quedado tras el primer filtrado–, sólo estaba activo uno.
Desde la Municipalidad, aseguran que, más allá de estar en obras, la planta está operativa. El viernes pasado, sostuvieron que la planta tenía uno de los desarenadores nuevos operativos; dos de los cuatros desarenadores originales también activos y dos sedimentadores primarios en funcionamiento, uno en reparación y otro fuera de servicio.
Gastaldi indicó que de los seis percoladores, están en actividad dos. A uno se le están realizando trabajos de mantenimiento y los otros tres están fuera de servicio, pero pronto llegarán los repuestos, según el funcionario. De los cuatro sedimentadores secundarios, funcionan tres. Y están operativos los dos equipos de cloración. Próximamente, se incorporarán otros dos, recientemente adjudicados.
A su vez, señala Gastaldi que seis de los digestores están en funcionamiento y el tratamiento de barros se hace en parte de la playa de secado, que ahora no funciona de manera completa porque se encuentra afectada a la otra planta que realiza la Provincia. La centrifugadora no está en funcionamiento, pero según el municipio estaría lista a fin de mes.
El tratamiento del barro es fundamental en el proceso. Se trata de los residuos que quedan tras la depuración. Es la parte más contaminada y la que concentra la mayor carga biológica.
Para el subsecretario de Ambiente municipal, Sebastián Roca, es fundamental para tratar este problema que se ponga en funcionamiento la planta gemela a Bajo Grande que está construyendo la Provincia. “Si esa obra hubiera empezado a operar hace varios años, podríamos estar en una mejor condición. Pero las obras de saneamiento de esta envergadura siempre se realizan con capitales provinciales y nacionales”, apunta el funcionario.

Otras inspecciones
La inspección de fines de junio no fue la única en la cual Policía Ambiental pudo detectar la falta de saneamiento de los efluentes. El 15 de enero pasado, la Dirección registró, también, que la “Estación Depuradora se encontraba fuera de funcionamiento” y que el líquido era tratado con cloro únicamente.
De acuerdo con los estudios del laboratorio de la planta municipal que están en la causa 32.042/2018 de los tribunales federales cordobeses, no se detecta cloro activo a la salida de Bajo Grande. Es decir que la carga bacteriana de los efluentes no se vio afectada por la acción de este químico.
El 13 de marzo de 2019, la Dirección volvió a inspeccionar la planta y constató que funcionaba parcialmente. “Gran parte del efluente que llegaba no ingresaba a la planta, sino que pasaba directamente a la cámara de contacto, donde recibía cloración, y no funcionaban los desarenadores nuevos ni los percoladores secundarios”, dice el informe.

Sanciones
En el expediente de Policía Ambiental se da cuenta de una sanción económica de más de cuatro millones pesos por la contaminación (aún no fue aplicada). La resolución 157 de la Dirección con fecha del 31 de julio de 2018 y notificada el 3 de agosto del mismo año declara infractora a la Municipalidad y le asigna una multa de 4.284.039 pesos. Se trata de la pena máxima que establece la legislación. La Dirección encargó la gestión del cobro de la multa a Kolector.
Además, Policía Ambiental elevó este informe a la Fiscalía de Instrucción, Distrito 2, Turno 6 en el marco de una presentación efectuada por la presidenta comunal de Capilla de los Remedios
Es la primera sanción económica que recibe la administración de Ramón Mestre por contaminación ambiental en Bajo Grande. Anteriormente, las gestiones de Daniel Giacomino y de Luis Juez habían sido objeto de multas de este tipo.
En ese mismo escrito se emplazó a la Municipalidad a “regularizar el funcionamiento” de la planta, “absteniéndose de realizar nuevas conexiones a la red cloacal y cesando todo volcamiento de efluentes”.
El 11 de abril de este año, a un mes de las elecciones provinciales, el intendente inauguró en barrio Empalme y en Ampliación Empalme la red domiciliaria de cloacas que alcanza a 19 mil cordobeses. Se trató, según se lee en el sitio oficial de la Municipalidad, de la obra “de mayor dimensión realizada en un mismo barrio de Argentina”. Desde el municipio, indicaron que esa red aún no está operativa. Le falta la conexión al nexo de la planta.
Otra caso es el de Villa El Libertador, donde en febrero la Provincia concluyó las cloacas para 24 manzanas y el municipio hizo lo propio con otras 12. La obra tenía cierta urgencia, por los casos de desmoronamiento de viviendas ocurridos producto de las napas freáticas. Actualmente, los vecinos cuentan con el kit de conexión y algunos frentistas ya se sumaron a la red, contraviniendo la orden provincial.
Desde la Municipalidad, señalan que la planta de barrio Inaudi, que antes trataba los líquidos de más de 10 barrios de la zona sur, ahora los lleva sin sanear a Bajo Grande. “Entre esos barrios, hay también cloacas que realizó la Provincia”, deslinda Gastaldi.

“Es un riesgo aguas abajo”
El biólogo Federico Kopta, presidente del Foro Ambiental Córdoba, explica que en los líquidos cloacales vive un sinnúmero de virus, bacterias, parásitos y hongos patógenos relacionados con la materia fecal. “La presencia de bacterias coliformes en altísima concentración en la descarga al río es un indicador de que otros microorganismos patógenos no han sido abatidos, lo que pone en riesgo sanitario a la población río abajo. Además, es tal el caudal y la carga de contaminantes que vierte Bajo Grande que algunos de ellos llegan a la laguna Mar Chiquita, que es reserva provincial y futuro parque nacional”, indicó.

Fuente: La Voz del Interior