Análisis crítico sobre el “Estudio de áreas quemadas en la provincia de Córdoba: Periodo 2010 – 2022” y sus repercusiones en medios de comunicación masivos

Compartimos con ustedes un documento para descarga elaborado conjuntamente con otras instituciones preocupados por la desinformación generada a partir de un documento elaborado por la Sociedad Rural de Jesús María que resulta totalmente sesgado y con una clara intensión de ir en contra de la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos.

Como profesionales en ciencias ambientales queremos expresar nuestra preocupación por la interpretación errónea y sesgada de los datos publicados en el informe titulado “Estudio de áreas quemadas en la provincia de Córdoba: Periodo 2010 – 2022”. Dicho informe fue solicitado por la Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Jesús María y publicado por la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias conformada por: Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria Argentina, Sociedad Rural Argentina y Confederación Intercooperativa Agropecuaria. El informe se publicó el pasado 14 de agosto, y los autores son el Ing. Agr. Marcelo Romero y el Biól. Erio Curto. Allí se presenta la superficie quemada entre los años 2010 y 2022 en el arco noroeste ampliado, incluyendo 16 departamentos de Córdoba (todos los del noroeste y Río Cuarto). Este informe tuvo numerosas repercusiones en diferentes medios de comunicación de la provincia (por ej. Canal 12, Bichos de Campo, La Voz del Interior). Sin embargo, detectamos falencias o errores en la información generada y en su posterior interpretación.

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¡Es urgente cambiar la política ambiental y de manejo del fuego de la Provincia de Córdoba!

Luego de los terribles incendios sufridos en el año 2020, presentamos al Gobierno de Córdoba una nota firmada por más de 314000 personas (https://www.change.org/p/gobdecordoba-jschiaretti-martinllaryora-carta-abierta-al-gobierno-de-c%C3%B3rdoba-por-los-reiterados-incendios), solicitando entre otras cosas: garantizar la participación ciudadana en el Plan Provincial de Manejo del Fuego, incrementar el trabajo de prevención y educación ambiental, y realizar el ordenamiento territorial de la Provincia. Nada de eso se concretó, y en vista de los devastadores incendios que estamos padeciendo podemos afirmar que la política del Gobierno de Córdoba ha fallado en evitar esta gravísima situación. Por ello es urgente cambiar la política ambiental y de manejo del fuego, así como atender a las verdaderas causas del problema y priorizar la protección de la naturaleza, además de las propiedades y vidas humanas.
Es preocupante que en vez de evitar que los incendios se produzcan, la política del Gobierno de Córdoba sea intentar contenerlos, tarea casi imposible en estos días. Por su parte, no existe la “temporada de incendios” como se menciona (https://prensa.cba.gov.ar/informacion-general/por-las-heladas-tempranas-se-adelanto-la-temporada-de-incendios-forestales/), existe una temporada de sequía que incrementa el riesgo de incendios, pero estos no ocurrirían si no hubiera los miles de incendiarios que prenden fuego la provincia, como sus propios funcionarios reconocen (https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/incendios-en-2024-la-provincia-contabilizo-ya-1500-focos-que-quemaron-mas-de-30-mil-hectareas/). Incendiar los bosques nativos es la manera más rápida y directa que tienen quienes pretenden que avancen los negocios inmobiliarios o agropecuarios. De hecho, éstos últimos, representados por la Sociedad Rural, son los responsables de los desmontes masivos que se produjeron en Córdoba en las últimas décadas, a la cuál le queda menos del 5% de bosques nativos bien conservados, y aún así insisten en que se les permita seguir desmontando (https://www.lavoz.com.ar/agro/actualidad/entidades-rurales-piden-un-ordenamiento-territorial-sustentable/).
Tampoco es cierto que no aumenten las urbanizaciones en zonas rojas y amarillas como menciona el Gobernador Martín LLaryora (https://lmdiario.com.ar/contenido/462384/incendios-llaryora-pidio-endurecer-las-penas-y-aclaro-que-la-ley-de-bosques-impi), ya que cualquiera puede observar como avanzan las urbanizaciones en las regiones serranas, sin que ni el Estado Provincial ni los Estados Municipales lo impidan. Inclusive, la propia Secretaría de Ambiente ha autorizado urbanizaciones en zonas rojas de la ley de bosques, como el caso de Candonga que terminó siendo revertido por la justicia, y actualmente autorizó el proceso para obtener la licencia ambiental a un mega emprendimiento inmobiliario en San Cruz del Lago, en una zona roja que han sido reiteradamente incendiada en los últimos años (https://ambiente.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2023/08/Estatus-de-conservacion-OTBN-analisis-de-la-informacion-disponible.pdf), entre otros.
Mientras no se busque evitar que se inicien los incendios, ni que quienes los originan reciban una pena acorde al daño que producen, seguiremos sufriendo esta tragedia socio-ambiental todos los años. Si bien el apoyo al sacrificado esfuerzo de los bomberos voluntarios debe mantenerse, el Plan de Manejo del Fuego debe, necesariamente, empezar a concentrarse en la prevención, la detección y combate temprano de incendios, así como permitir la participación ciudadana y contar con un protocolo para restaurar las zonas afectadas, a la vez que se debe castigar debidamente a los culpables. Para ello, de aquí en adelante, se deberían llevar a cabo las siguientes acciones:

Prevención:
1) Garantizar la participación ciudadana en el Plan de Manejo del Fuego, mediante mecanismos que permitan que distintas instituciones y organismos aporten sus conocimientos y experiencias para hacer frente a la problemática de incendios.
2) Estricto cumplimiento de la ley de bosques, y freno concreto del avance de la denominada interfase en las regiones serranas.
3) Establecer cada año mapas de riesgo de incendios, en colaboración con las instituciones que vienen estudiando la dinámica de la vegetación y los fuegos en la Provincia (CONICET, INTA, UNC, entre otros).
4) Disponer de todo el personal posible (defensa civil, policía, policía ambiental, entre otros) para recorrer de forma permanente en la estación seca las áreas de mayor riesgo de incendios, a los fines de detectar o desalentar a los posibles incendiarios.
5) Dotar de guardaparques y demás personal para el cuidado de las áreas naturales, se encuentren éstas legalmente protegidas o no.
6) Realizar campañas de educación ambiental permanente a todos los niveles e instituciones en la Provincia.

Detección y combate temprano:
1) Retomar los puestos de vigías permanentes y e instalar cámaras infrarrojas en sitios estratégicos, así como otras tecnologías disponibles (drones, imágenes satelitales, entre otras) para la detección temprana de los focos de incendio.
2) Contar con un cuerpo oficial de brigadistas de incendios forestales, que realicen el control temprano de los focos de incendio in situ (lo que reduce en un 80% el riesgo de que se expandan), priorizando la protección de las áreas naturales.
3) Incorporar a las brigadas comunitarias en el combate de incendios, en coordinación con el cuerpo de brigadistas de incendios forestales.
4) Revisar y corregir algunas de las prácticas de combate de incendios implementadas hasta el momento, como el uso de cortafuegos mediante la quema de vegetación nativa en sitios y/o condiciones climáticas no adecuadas.
5) Colaboración de los bomberos voluntarios con los brigadistas de incendios forestales mientras los focos de incendio no se acerquen a la zona de interfase (que seguirá siendo su prioridad de acción).
6) Solicitar en todos los caso el apoyo inmediato del Plan de Nacional de Manejo de Fuego cuando los focos de incendio no puedan ser controlados inicialmente.

Protocolo para restaurar las zonas afectadas y castigo a los culpables:
1) Mapear las zonas incendiadas y penar a quienes realicen o autoricen construcciones o prácticas agrícolas intensivas sobre ellas, así como elaborar un listado público de infractores.
2) Disponer de los fondos necesarios para facilitar la restauración ecológica de las áreas incendiadas, y diseñar un plan de acción para la restauración ecológica de las áreas afectadas por los incendios (https://www.redrea.com.ar/nodos_red/nodo-centro/)
3) La Fiscalía General debe instruir a los Fiscales provinciales sobre la actuación de oficio en los hechos de incendios por configurar un delito reprimido por el código penal argentino.
4) Crear un cuerpo de investigación especial para establecer el origen y causales de los focos de incendio intencionales.
5) Cumplimiento efectivo de las penas previstas por ley para quiénes sean responsables, tanto material como intelectualmente, de iniciar intencional o accidentalmente un foco de incendio.
6) El poder judicial tendrá que informar anualmente el resultado de los procesos llevados a cabo sobre aquellas personas que sean detenidas por provocar un foco de incendio.

¡No podemos permitir más focos de incendio ni cambio de uso del suelo en la Provincia de Córdoba!
¡Cada metro cuadrado de de bosque perdido debe ser recuperado!
¡Quienes originen los incendios, así sean sectores de poder vinculados al negocio inmobiliario o agropecuario, deben ir a la cárcel!
Como dice las organizaciones socio-ambientales, “todo incendio es político”. Por lo tanto, si no cambia la política para hacer frente a los incendios que azotan a nuestra provincia, el Gobierno de Córdoba seguirá siendo el responsable directo de su origen.
Por todo ello invitamos a organizar una gran movilización ciudadana para exigir los cambios necesarios en la política ambiental y de manejo del fuego en la Provincia de Córdoba.

Hijos del churqui:

Darío Ávila, Abogado, Diplomado en Derecho Ambiental
Melina Dasano, Brigada Comunitaria Las Mojarras
Guillermo Galliano, Presidente Fundación Mil Aves
Federico Kopta, Presidente Foro Ambiental Córdoba
Fernando Barri, Docente de la UNC e Investigador del CONICET
José Luis Serrano, Músico y Actor

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El Foro Ambiental Córdoba advierte sobre el riesgo de destinar la Reserva de la Defensa La Calera a emprendimientos inmobiliarios

Córdoba, 25 de agosto de 2025 – El Foro Ambiental Córdoba presentó una nota formal al gobernador Martín Llaryora solicitando información sobre versiones periodísticas que señalan que la Provincia podría recibir predios de la Reserva de la Defensa La Calera como forma de pago de la deuda previsional que mantiene la Nación. Diversas publicaciones mencionan que esas tierras estarían en la mira para un eventual desarrollo inmobiliario, lo que encendió fuertes alertas en organizaciones sociales y ambientales de la región y también de la provincia.
La Reserva de la Defensa La Calera abarca más de 11.000 hectáreas reconocidas por la Administración de Parques Nacionales como uno de los sectores de mayor superficie de bosque nativo continuo del Gran Córdoba, en muy buen estado de conservación. Dicho ecosistema resulta de una importancia crítica como regulador hídrico en una provincia semiárida y con recurrentes crisis de agua.
Desde el Foro nos mostramos preocupados por la posible desafectación como reserva para pasar a ser objeto de emprendimientos inmobiliarios lo que implica un riesgo cierto para una buena parte de la preservación del bosque nativo, la regulación de los cursos de agua y el acceso equitativo de las comunidades a un ambiente sano.
La presentación recuerda que el acceso a la información ambiental es un derecho reconocido por la Constitución Nacional y la Provincial, así como por leyes específicas como la Ley General del Ambiente (25.675), la Ley de Libre Acceso a la Información Ambiental (25.831) y la Ley de Política Ambiental Provincial (10.208). En ese marco, se requirió al Ejecutivo que aclare si está gestionando con la Nación la cesión de estos predios y, en caso afirmativo, con qué finalidad.
El Foro instó al Gobierno provincial a responder en los plazos que marca la ley y subrayó la necesidad de máxima transparencia en este proceso, dejando de lado los intereses cortoplacistas a que estamos acostumbrados los ciudadanos y priorizar la protección del patrimonio natural de Córdoba y los derechos de las generaciones futuras.

Contacto para más Información:
Camila Trigilio
0299-156016308

Descargar la presentación realizada

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Criminalización de la protesta: defender el ambiente no puede ser nunca delito

El lunes 29 de julio comenzaron las audiencias del juicio a seis activistas ambientales que llegan a esta instancia judicial acusados de “resistencia a la autoridad”, “amenazas” y “daños” en contra de quien fuera intendente de Cosquín, Gabriel Musso. Dicha causa se remonta a la lucha llevada adelante por distintas asambleas del departamento Punilla por la construcción de la controversial autovía de Punilla.
En el año 2022 fueron realizadas diversas protestas por parte de asambleas ambientalistas locales y vecinos de la zona por la aprobación que la Municipalidad de Cosquín – a cargo del ex intendente de Cosquín, Gabriel Musso – había dado para la construcción de la autovía, proyecto muy cuestionado por atravesar por zona roja de bosque nativo y nacientes de cursos de agua, entre muchos aspectos.
En su momento, 17 personas fueron imputadas por las supuestas amenazas, daños y resistencia. Ello representa un antecedente grave en contra de aquellos que defendemos y luchamos, desde distintas aristas, por un mejor futuro ambiental para las generaciones futuras y que nos oponemos a un sistema basado (en la práctica) en el puro raciocinio económico.
La criminalización de activistas ambientales en Punilla resulta ser una grave amenaza a los derechos humanos y una violación del Acuerdo de Escazú. Las acusaciones contra estos defensores, en el marco de una protesta pacífica, son un intento de silenciar sus reclamos, justificar la represión estatal y representa un ‘disciplinamiento’ para aquellos que continúen accionando para la defensa del ambiente.
Desde el Foro Ambiental Córdoba afirmamos que esta situación pone en evidencia la necesidad de proteger a los defensores ambientales de los poderes políticos y económicos de turno, y al mismo tiempo, garantizar un entorno seguro para el ejercicio de sus derechos.

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La reciente media sanción de la denominada «Ley Bases» puso en alerta a 34 organizaciones civiles vinculadas a la temática ambiental, entre las que se encuentra el Foro Ambiental Córdoba.

El Foro Ambiental Córdoba expresa su preocupación por diferentes aspectos del proyecto de “Ley Bases”, que ya cuenta con media sanción y amenaza con ser lesivo a la protección ambiental, violando claramente el principio de no regresión contenido en el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566) que establece que la legislación ambiental no puede empeorar la situación del derecho vigente desde las perspectivas de su alcance y amplitud. Esto fue expresado en un documento elaborado conjuntamente entre 34 organizaciones de la sociedad civil, tales como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, y entregado a los presidentes de los distintos bloques del Senado.
Resulta particularmente peligroso que en el artículo 3 (reorganización administrativa) se faculte al Ejecutivo a poder transformar su estructura jurídica, disminuir sus competencias o, incluso eliminar organismos públicos, de tal manera que podría eliminar la Administración de Parques Nacionales, el Instituto Nacional del Agua, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el Organismo Regulador de Seguridad de Presas y el Instituto Argentino de Nivología y Glaciología, entre otros. Todos ellos con importantísimas funciones de control e investigaciones sobre aspectos centrales en materia ambiental.
En referencia al artículo 5 que faculta al Poder Ejecutivo “ a modificar, transformar, unificar, disolver, liquidar o cancelar los fondos fiduciarios públicos ” es preocupante para los firmantes el destino final del “Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos”, el “Fondo Nacional del Manejo del Fuego” y otros fondos orientados al Desarrollo de Energías Renovables y a la promoción de generación distribuida de energías renovables. De disolverse, por ejemplo el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos sería prácticamente equiparable a la derogación de varios artículos de la Ley de
presupuestos mínimos de protección de los bosques nativos.
Además, el Foro Ambiental Córdoba y los otros firmantes han planteado el rechazo a varias secciones del Título 8 sobre Régimen de incentivo para grandes inversiones, dado que no se contempla aspectos ambientales a dichas inversiones sino que solo tiene una visión productivista y utilitarista de los bienes comunes, normalmente denominados recursos naturales.
La carta completa está disponible en: https://farn.org.ar/wp-content/uploads/2024/05/Nota-a-Senadores-sobre-Proyecto-de-Ley-Omnibus-.pdf

Una designación polémica en Parques Nacionales
Recientemente circula que será designado como director de Conservación de Áreas Protegidas de la Administración de Parques Nacionales (APN) el Ingeniero Agrónomo Leonardo Sarquis. Si bien, formalmente todavía no forma parte del gobierno, dicha designación elevaría la alerta sobre la política ambiental del gobierno nacional en referencia a estas importantes zonas a proteger del territorio nacional, cuya superficie equivale a la de una provincia chica de Argentina.
El motivo, no es otro que antecedentes bastante cuestionables que ha tenido como funcionario público de la provincia de Buenos Aires en la gestión de Maria Eugenia Vidal, sin contar con su condición de ser ex gerente de Monsanto, multinacional absorbida por Bayer y que hoy enfrenta juicios multimillonarios en varios países por contaminación.
En el año 2018, siendo Ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, Sarquis firmó una resolución que regulaba y permitía la aplicación de fitosanitarios “en los lotes contiguos al área urbana, zona residencial extraurbana, área de población dispersa, márgenes de cursos o cuerpos de agua, zonas de bombeo, establecimientos educativos, áreas de esparcimiento y reservas naturales que comprenderán la zona de amortiguamiento”. Afortunadamente la resolución fue resistida y luego puesta en impasse hasta el día de hoy por presión de la población.
La designación de Sarquis viene a poner un nuevo motivo de dudas sobre la verdadera política de defensa de nuestras zonas protegidas, en un gobierno que se ha mostrado contrario al fortalecimiento de las actuales áreas naturales protegidas y a la creación de otras nuevas.

Contacto para los medios:
Luis Tuninetti – +54 9 3534 11-5604 – tuninetti.ma@gmail.com

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