Extracto

En Argentina, dos leyes clave para el ambiente están en el centro de la escena: la Ley de Glaciares y la Ley de Bosques. Entre fallos judiciales, presiones económicas y alertas ambientales, se juega mucho más que un debate legal: está en juego el agua, la biodiversidad y el futuro del país. ¿Qué está pasando realmente?

Fuente: CBA24n

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Luego del amparo presentado por la provincia de La Pampa, y una probable presentación por parte de San Luis, organizaciones pro ambiente juntan firmas para detener la aplicación de la norma.
La Cámara de Diputados sancionó el pasado 9 de abril la reforma a la Ley de Glaciares por 137 votos a favor y 111 en contra, luego de un extenso debate que duró más de 11 horas, y tras fuertes cuestionamientos por parte de organizaciones de la sociedad civil.
La reforma representó sin dudas una victoria para el oficialismo en el ámbito del Honorable Congreso de la Nación. Tras la sanción de la ley, la Oficina del Presidente publicó un comunicado en su cuenta oficial de X en el que destacó que dicha modificación permitirá “garantizar seguridad jurídica y darle poder a las provincias para la utilización de sus recursos”. Ese, a priori, es el objetivo del Gobierno nacional.
Sin embargo, las críticas a la iniciativa surgieron desde distintas organizaciones y de la sociedad civil, incluso desde gobiernos provinciales.
Es el caso de la provincia de La Pampa, gobernada por el peronista Sergio Ziliotto, que presentó un amparo y declaró inconstitucional la reforma de la Ley de Glaciares, señalando que “debilita la protección ambiental y amenaza el agua del río Colorado y Atuel”.
La Pampa ha sido perjudicada históricamente por las restricciones hídricas que impone la provincia de Mendoza, al obstaculizar el cauce natural del río Atuel. Este conflicto escaló hasta la Corte Suprema de Justicia. En este marco, la reciente reforma de la Ley de Glaciares corre riesgo concreto de ser “trabada” en la Justicia.
El biólogo Federico Kopta, en diálogo con Canal 10, dijo que organizaciones como Greenpeace, entre otras, están «preparando una presentación colectiva», que recolectó hasta el momento más de 850 mil firmas.
La reforma, impulsada por el Gobierno nacional, flexibiliza la norma para permitir la minería y delega el control a las provincias.
Organizaciones ambientales denuncian que la reforma es una “regresión ambiental inconstitucional” porque vulnera el Acuerdo de Escazú, al cual Argentina adhirió.
Según el Inventario Nacional de Glaciares del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, en Argentina hay 16.968 cuerpos de hielo cuya superficie es cercana a los 8.484 kilómetros cuadrados.

Fuente: CBA24N

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En medio de un debate nacional, crecen las advertencias sobre posibles modificaciones a la Ley de Bosques.
El biólogo y presidente del Foro Ambiental Córdoba, Federico Kopta, señaló el impacto que podrían tener estos cambios y el riesgo de pérdida de bosque nativo.
Organizaciones ambientales cuestionan la Ley 26.331 y piden defender los recursos naturales frente a un escenario que genera preocupación.

Fuente: Canal 10 de Córdoba

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Alerta sobre el futuro de la Reserva Natural de la Defensa La Calera: entre la opacidad oficial y el riesgo ambiental

La Reserva Natural de la Defensa La Calera constituye uno de los activos estratégicos y ecológicos más críticos de la provincia de Córdoba. Con una extensión superior a las 11.000 hectáreas bajo custodia del Ejército Argentino, este territorio representa el pulmón verde más grande del Gran Córdoba. Su función es vital: actúa como un regulador hídrico natural que mitiga inundaciones y protege las cuencas que abastecen de agua a la capital y zonas aledañas. Además, posee un valor biológico incalculable al funcionar como el corredor natural que conecta los ecosistemas de las Sierras Chicas, preservando el bosque nativo frente a la creciente presión urbana siendo una barrera fundamental para garantizar la integridad del paisaje ante el avance de la frontera inmobiliaria.

Más allá de su riqueza ambiental, la importancia de la reserva también abarca dimensiones históricas y sociales. Al albergar sitios vinculados a la memoria de la región, se constituye, sin duda, en un espacio de preservación de los derechos humanos. Esta relevancia quedó claramente evidenciada con las recientes identificaciones de 12 perfiles genéticos en la zona de “Lomas del Torito”, dadas a conocer por el Juzgado Federal N.º 3 de Córdoba y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Las alarmas: traspaso de tierras y fragmentación del ecosistema

Durante 2025, dos hechos han generado profunda preocupación en organizaciones sociales y en el Foro Ambiental Córdoba: 

• En primer lugar, el anuncio de un posible traspaso de estas tierras a la órbita provincial como mecanismo para saldar la deuda previsional que el Estado Nacional mantiene con Córdoba. Esto fue publicado en distintos medios de comunicación:
  • Se publicó la noticia de que el Gobierno de Córdoba tramita con la Nación el cobro de deuda previsional mediante el canje de bienes, entre ellos tierras del Ejército o la Central Nuclear de Embalse. Por ejemplo, en La Voz de San Justo del 26 de abril de 2025 https://www.lavozdesanjusto.com.ar/el-conflicto-por-la-caja-de-jubilaciones-una-larga-historia-de-desencuentros
  • La Política Online del 25 de abril de 2025 menciona que la Provincia “aspira al pago en especies, a través del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas. En el Gobierno provincial listan bienes nacionales que les interesaría administrar: la Central Nuclear de Embalse de Río Tercero, propiedad de Nación a través de Nucleoeléctrica, viviendas sin terminar del Procrear, 11.330 hectáreas del Ejército y Fadea, la fábrica de aviones.” https://www.lapoliticaonline.com/cordoba/llaryora-presiona-a-milei-para-que-le-garantice-los-fondos-de-la-caja-de-jubilaciones/
  • El Puntal de Río  Cuarto titula su edición del 28 de junio de 2025 “Tras los fondos a la Caja, Córdoba ya negocia el canje de bienes. El lote abarca Fadea, la Central Nuclear de Embalse y tierras del Ejército. Se trata del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas de Javier Milei, con el cual la Provincia busca cobrar deudas.” https://www.puntal.com.ar/caja/tras-los-fondos-la-caja-cordoba-ya-negocia-el-canje-bienes-n238822
• En segundo lugar, los proyectos de pavimentación y conectividad vial que atravesarían la reserva, amenazando con una fragmentación irreversible de su ecosistema.

Ante este escenario, el Foro Ambiental Córdoba ha iniciado una serie de gestiones administrativas para obtener claridad. Sin embargo, las respuestas gubernamentales han sido parciales, evasivas o, en los casos más críticos, inexistentes.

Cronología de una gestión marcada por el silencio oficial

La falta de transparencia se evidencia en la falta de respuesta a dos pedidos de informes realizados durante 2025:

A – El 24/09/2026 se solicitó información al Ministerio de Economía y Gestión Pública y al Gobernador Martín Llaryora (nota que fue posteriormente girada internamente también al Ministerio de Economía) la siguiente información:

1. El listado de bienes de la Nación por el que la Provincia pretende cobrar parte de la deuda previsional, a través del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas.
2. El destino que la Provincia le daría a cada uno de esos bienes en caso de obtenerlos.
3. El grado de avance de la gestión ante la Nación.
   Ante la falta de respuesta, se presentó Pronto Despacho el 15/10/25. Y como se continuó sin obtener respuesta, se presentó Recurso Jerárquico del 17/11/25. A la fecha, la Provincia no ha contestado dichas preguntas.

B – El 01/10/2025 se presentó nota en sede de Caminos de las Sierras, ubicada en Malagueño, solicitando la siguiente información:

1. Copia del proyecto de pavimentación de la ruta E-64 que une La Calera y Malagueño.
2. Copia del Estudio de Impacto Ambiental o Aviso de Proyecto.
   Ante la falta de respuesta, se presentó Pronto despacho en sede de Caminos de las Sierras el 16/10/25. Al continuar la falta de respuesta, se presentó Recurso jerárquico el 27/11/25, como última instancia administrativa. A la fecha, Caminos de las Sierras sigue sin responder estas preguntas.

La resistencia de los sectores gubernamentales a brindar información ambiental no es solo una barrera burocrática; representa una vulneración directa de derechos fundamentales. La Ley de Información Pública Ambiental establece plazos perentorios y mecanismos obligatorios de rendición de cuentas. Sin transparencia, la inacción estatal deja a la comunidad en un estado de indefensión frente a políticas que comprometen su salud, su historia y sus recursos naturales.

El valor estratégico de la Reserva ante la crisis ambiental

La preservación de Reserva de la Defensa La Calera no es solo una cuestión de biodiversidad local, sino un imperativo de seguridad ambiental para el millón y medio de habitantes que dependen de sus servicios ecosistémicos. En un contexto de crisis climática global, donde los eventos meteorológicos extremos son cada vez más frecuentes, este territorio funciona como un «seguro de vida» regional. Cualquier alteración en su fisonomía que no comprenda mayores estándares de conservación sino que al contrario, implique fragmentación del asfalto o el cambio de su estatus jurídico, comprometería irreversiblemente la resiliencia de todo el valle de Sierras Chicas.

Permitir el avance de proyectos sin la debida transparencia informativa no sólo pone en riesgo un patrimonio histórico y natural único, sino que hipoteca el derecho de las futuras generaciones a un entorno equilibrado. La reserva es, en última instancia, el muro de contención que separa el desarrollo sustentable del caos ambiental en el corazón de la provincia.

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En los días previos a la votación de la Ley de Glaciares, el Foro Ambiental Córdoba intensificó su labor como espacio de articulación y defensa de los bienes naturales. En un escenario atravesado por tensiones entre intereses económicos y la necesidad de resguardar ecosistemas estratégicos, la organización desplegó acciones de sensibilización, generó instancias de debate público y promovió el acceso a información clave para comprender el alcance de la normativa en discusión.
A través de campañas, pronunciamientos y el trabajo conjunto con otras organizaciones sociales, académicas y territoriales, el Foro buscó visibilizar la importancia de contar con una ley que garantice la protección de los glaciares como reservas fundamentales de agua. Este proceso previo a la votación estuvo marcado por la construcción colectiva de argumentos y la participación activa en la agenda pública, con el objetivo de incidir en la toma de decisiones y fortalecer una mirada ambiental en las políticas públicas.
Estas notas levantan la posición del Foro al respecto:

La Voz del Interior. Debate caliente. La mayoría de los diputados de Llaryora se encamina a rechazar la nueva Ley de Glaciares
Schiaretti, Gutiérrez, Brügge y Basualdo se aprestan a votar en contra, mientras que hay dudas con García Aresca y Torres. Este viernes vence el plazo para la inscripción en las audiencias públicas: se anotaron más de 95.000 personas para exponer.

NewsDigitales. Ley de Glaciares: por qué Córdoba define la reforma clave de Milei en Diputados
El debate por la reforma de la Ley de Glaciares entra en una fase de definiciones críticas en la Cámara de Diputados de la Nación. La mayoría de los legisladores cordobeses que responden al gobernador Martín Llaryora se encamina a rechazar los cambios en el recinto. Esta postura bloquea el avance de la iniciativa que ya cuenta con media sanción del Senado.

El Resaltador. Ley de Glaciares: organizaciones de Córdoba rechazaron la reforma y denunciaron restricciones a la participación
Organizaciones de Córdoba rechazaron la reforma de la Ley de Glaciares en una audiencia pública nacional y advirtieron que implica un retroceso ambiental y una vulneración de derechos. También denunciaron restricciones a la participación ciudadana y el incumplimiento de estándares internacionales.

Canal 10. La importancia de defender los glaciares
En la antesala de la sesión parlamentaria que determinará si se reformará la Ley Nacional de Glaciares, hablamos sobre la importancia de mantener esta ley frente al deseo del oficialismo de imponer una reforma.

Fuente: Varias

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El biólogo Federico Kopta, presidente del Foro Ambiental Córdoba, visitó el programa y analizó un dato preocupante: el 100% de los aplicadores estudiados presenta glifosato en el cuerpo, con hallazgos incluso en saliva humana. Un informe que reabre el debate sobre salud, modelo productivo y la exposición de las comunidades rurales.

Fuente: Canal 10

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Federico Kopta sobre la audiencia pública por la Ley de Glaciares

El Presidente del Foro Ambiental Córdoba, estuvo abordando el problema que implica la modificación de la Ley de Glaciares en el programa «Es un Montón»

por Canal 10 de Córdoba.

Fuente: Canal 10

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Debate caliente. La mayoría de los diputados de Llaryora se encamina a rechazar la nueva Ley de Glaciares

Schiaretti, Gutiérrez, Brügge y Basualdo se aprestan a votar en contra, mientras que hay dudas con García Aresca y Torres. Este viernes vence el plazo para la inscripción en las audiencias públicas: se anotaron más de 95.000 personas para exponer.
La mayoría de los diputados cordobeses alineados al gobierno de Martín Llaryora se encamina a votar en contra de la reforma a la Ley de Glaciares, impulsada por gobernadores cordilleranos y rechazada por organizaciones ambientalistas. Juan Schiaretti, Carlos Gutiérrez, Juan Brügge y Carolina Basualdo se aprestan a votar negativamente, mientras que Ignacio García Aresca y Alejandra Torres aún no definen una postura.
El tema no se instaló con fuerza en Córdoba, ya que los glaciares se extienden a lo largo de la zona cordillerana e Islas del Atlántico Sur (hay casi 17.000 registrados hasta 2024 por el IANIGLA, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales). Sin embargo, los diputados de la provincia están obligados a sentar posición, en medio de un fuerte lobby empresario y un alto grado de sensibilidad social.
El proyecto que envió el Gobierno a pedido de los gobernadores de San Juan, Catamarca, Salta, Jujuy y Mendoza busca flexibilizar la protección de las zonas periglaciares para habilitar allí la actividad extractiva. Por detrás está el negocio de “cinco empresas mineras”, según denunció en una audiencia la diputada y científica rionegrina Adriana Serquis (Unión por la Patria).
En el Senado, Alejandra Vigo se pronunció en contra, sin matices: pronosticó que la nueva ley “va a tener efectos negativos en los próximos años” y que “nace de un interés estrictamente comercial”. Además, la cordobesa advirtió que se ignoran pactos internacionales suscriptos por Argentina y que “no se contempla el cambio climático como factor determinante”.
Días después de la media sanción, en una reunión de Provincias Unidas, su esposo Schiaretti alentó a sus pares a adoptar la misma posición. En principio, lo seguirán Gutiérrez, Brügge y Basualdo. Los dos últimos tienen firma en el dictamen como integrantes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales, respectivamente.
Las dudas recaen sobre García Aresca y Torres, dos diputados que vienen de ausentarse en la sesión de la reforma laboral del Gobierno por encontrarse de viaje. La pareja de Osvaldo Giordano, presidente del IERAL, explicó que mantiene reuniones con organizaciones para “escuchar opiniones”. El “Colo”, el diputado más cercano a Llaryora, también mantiene su postura bajo reserva.
El voto de los cordobeses restantes no es sorpresa: Natalia De la Sota (Defendamos Córdoba) y Gabriela Estévez (Unión por la Patria) votarán decididamente en contra, y los 10 cordobeses de La Libertad Avanza, al mando de Gabriel Bornoroni, a favor.

Argumentos en contra
“Con el argumento de que es necesario explotar la minería y generarle recursos a las provincias, el Gobierno Nacional se lleva puesto un recurso estratégico, como es el agua. Va a colapsar el sistema y dentro de 10 o 15 años vamos a estar llorando un pasivo ambiental. Entre Chile y Argentina tenemos una de las reservas más grandes del mundo, y ese recurso estratégico lo vamos a tirar por la ventana”, lamentó Gutiérrez.
El ladero de Schiaretti también señaló que “ni siquiera el IANIGLA ha completado el inventario, sobre todo de los periglaciares, que es donde se mete el tema de la convivencia entre la minería y el daño al medioambiente”.
Por su parte, Brügge cuestionó el proyecto desde el punto de vista constitucional, ya que le da a las provincias la potestad de determinar qué zonas protege y en cuáles se pueden practicar actividades extractivas. El diputado democristiano consideró que el tema es interjurisdiccional y se preguntó: “¿Le vamos a dar la facultad a un solo gobernador de que cierre el grifo de una cuenca hídrica y afecte a provincias aguas abajo?”.
Los cordobeses prevén que la ley se terminará judicializando. En realidad, ya está ocurriendo: Greenpeace (que realizó una intervención de impacto en el Congreso el día que el Senado trató la ley) presentó este jueves un amparo contra las audiencias públicas que se llevarán adelante el próximo miércoles 25 y jueves 26 en Diputados.
El motivo es que los presidentes de las comisiones, ambos de La Libertad Avanza, implementaron restricciones ante un aluvión de inscriptos que, al cierre de esta nota, superaba los 95.000. Establecieron que solo podrán exponer los primeros anotados de cada uno de los 24 distritos, con cinco minutos cada uno. Los que queden afuera podrán enviar ponencias escritas o colgar videos en el canal de YouTube de la Cámara.
Entre los cordobeses inscriptos figuran representantes del Foro Ambiental Córdoba; el Partido Humanista; la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos; las asociaciones civiles Conciencia Solidaria y Futuro Córdoba; el Instituto Superior de Estudios Ambientales (ISEA) de la Universidad Nacional de Córdoba; y hasta una concejala del Frente de Izquierda, entre otros.
La primera audiencia será presencial, mientras que en la segunda la participación será virtual. Para el primer día ya se prepara un fuerte operativo de seguridad en el Anexo C de la Cámara, frente al Congreso. Solo se permitirá ingresar a la sala de reuniones a los diputados que integran las comisiones del debate, a dos asesores por bloque, a la prensa acreditada y a los propios expositores, en tandas.
Superadas las audiencias públicas, el oficialismo aspira a dictaminar y votar el proyecto en el recinto en los primeros días de abril, aunque en la oposición dudan de que pueda cumplirse el objetivo.

Fuente: La Voz del Interior

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Acueducto. Un proyecto que genera muchas dudas

Parece un contrasentido traer hasta la ciudad de Córdoba agua a través de 350 kilómetros, tomada de un curso de agua en el cual vuelcan las suyas los dos ríos cordobeses más caudalosos.
Veo en el diario que el Gobierno de la Provincia continúa con el proyecto de construir un acueducto a la ciudad de Córdoba desde el río Paraná, para lo cual el 23 de octubre de 2018 firmó un convenio con la Provincia de Santa Fe a efectos de ejecutarlo en conjunto. La inversión es de muy alto costo, estimado en U$S 800 millones, según declaró el entonces gobernador Juan Schiaretti en 2011, y su racionalidad es más que cuestionable.
La idea podría resultar razonable para nuestra provincia, pero sólo para llevar agua al acueducto que alimenta a la ciudad de San Francisco, aumentar su capacidad –hoy insuficiente– y hacer llegar el líquido hasta la zona norte de Arroyito. Pero traerla hasta la ciudad de Córdoba desde otra provincia a través de 350 kilómetros, tomada de un curso de agua en el cual vuelcan las suyas los dos ríos cordobeses más caudalosos –el Tercero y el Cuarto– parece un contrasentido.
La lógica indica que resulta mucho más sencillo, económico y eficiente, derivar hacia el canal Los Molinos agua proveniente del río Tercero, cuyo módulo absoluto alcanza los 21 metros cúbicos por segundo. La distancia por recorrer –unos 45 kilómetros– es casi la octava parte que la del proyecto oficial (350 km) y el desnivel por vencer, unos 35 metros, no llega al 10% de los 390 de aquel, por lo que resulta infinitamente más barato.

Costo económico y ambiental
Esas dudas surgen del texto de mi libro Historia de las aguas de Córdoba. Pero profesionales expertos en la materia también se manifiestan opuestos, o al menos escépticos, en relación con dicho proyecto.
El ingeniero Gonzalo Moya, docente de la Universidad Nacional de Córdoba y especialista en obras hidráulicas, opina que el acueducto sería útil en su primera etapa, pero respecto de la segunda, entiende que deberían analizarse otros recursos.
Más categórico es el profesor Federico Kopta, fundador y presidente del Foro Ambiental de Córdoba, quien se opone a él rotundamente, por considerarlo “un absurdo carísimo, con un costo ambiental enorme en energía y, por consiguiente, en emisiones de dióxido de carbono, gas responsable del cambio climático”.
La Fundación Benito Roggio realizó, en 2012, un estudio sobre el tema y llegó a la conclusión de que antes de pensar en el Paraná, debe plantearse una secuencia de prioridades. Propone comenzar con el río Los Molinos, que puede sumar entre 1,5 y 4 m3/s provenientes de su afluente, el Anisacate. Y seguir luego con el Tercero, con un saldo disponible de más de 17 m3/s, que puede proveer “un caudal de extracción de dos m3/s […], interesante para satisfacer las demandas futuras”.
A ello se suma que el agua del Tercero, a la salida del dique de Piedras Moras o de otra de las presas que tiene el río en su cuenca –no del lago de Embalse, por su eventual contaminación nuclear–, es de una calidad y una pureza mayores que las del Paraná, que arrastra muchos sedimentos y tiene un alto grado de polución, lo que obligaría a someterla a un costoso proceso adicional de purificación.

Moderar el consumo
Se deben también poner en práctica medidas tendientes a moderar el alto consumo de agua potable en la ciudad capital, tales como completar la instalación de medidores domiciliarios e implementar sistemas de reutilización de aguas grises; es decir, las aguas residuales del uso doméstico, provenientes de lavatorios, bañaderas y duchas, y también las del lavado de vajilla y ropa. Sometidas a un sencillo tratamiento, pueden usarse para descarga de inodoros, lavado de automóviles, riego, procesos industriales y otros usos.
También pueden utilizarse, con mayor garantía sanitaria, las aguas tratadas en las dos estaciones depuradoras de aguas residuales (Edar) de Bajo Grande, para sistemas de regadío con distintos niveles de control, generando ahorros en el consumo total de las aguas de las distintas fuentes.
Asimismo, es posible fomentar el riego por goteo en el cinturón verde, todo lo cual se traduciría en una disminución de no menos del 10% de los 8 m3/s que consumimos los cordobeses capitalinos, que supera ampliamente lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud.

Fuente: La Voz del Interior

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En un contexto de crecientes presiones sobre los bienes naturales, el Foro Ambiental Córdoba vuelve a posicionarse como un actor en la defensa de la Ley de Glaciares. A través de acciones de concientización, incidencia pública y articulación con otras organizaciones, el espacio refuerza la importancia de proteger estos ecosistemas estratégicos, fundamentales para el acceso al agua y el equilibrio ambiental en el país. Su trabajo busca sostener la vigencia de una normativa que, a más de una década de su sanción, continúa siendo un pilar en la protección de los territorios frente a actividades extractivas.
Estas notas levantan la posición del Foro al respecto:

Portal DataClave – Con apoyo clave de provincias mineras, el oficialismo se encamina a reformar la ley de glaciares
La Cámara Alta debatirá este jueves la modificación de la norma 26.639 y todo indica que el bloque libertario podría imponerse con respaldo de mandatarios del Norte y de Cuyo. Especialistas, organizaciones y funcionarios provinciales cruzan argumentos sobre agua, minería y federalismo. No descartan litigios si avanza.

Portal ElResaltador – Ley de Glaciares: organizaciones cordobesas llaman a defender el agua
Firmaron un comunicado rechazando los cambios a la Ley de Glaciares, que abren la puerta a la explotación minera en nuestras reservas de agua dulce. Diversas organizaciones y asambleas cordobesas firmaron un comunicado para expresar profunda preocupación y rechazo ante la inminente discusión que pretende modificar la Ley de Glaciares N.º 26.639 en el Congreso el jueves 26 de febrero.

Portal enfantterrible – Reforma de la Ley de Glaciares: organizaciones cordobesas advierten sobre sus consecuencias
Asambleas y entidades civiles de Córdoba manifestaron su firme oposición a la reforma de la Ley N.º 26.639, cuya discusión está prevista para este jueves 26 de febrero. Abrir las zonas de glaciares a la minería implica someter a fuentes vitales de agua a la contaminación y a una desaparición progresiva, advierten

Fuente: Varias

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