Alerta sobre el futuro de la Reserva Natural de la Defensa La Calera: entre la opacidad oficial y el riesgo ambiental

La Reserva Natural de la Defensa La Calera constituye uno de los activos estratégicos y ecológicos más críticos de la provincia de Córdoba. Con una extensión superior a las 11.000 hectáreas bajo custodia del Ejército Argentino, este territorio representa el pulmón verde más grande del Gran Córdoba. Su función es vital: actúa como un regulador hídrico natural que mitiga inundaciones y protege las cuencas que abastecen de agua a la capital y zonas aledañas. Además, posee un valor biológico incalculable al funcionar como el corredor natural que conecta los ecosistemas de las Sierras Chicas, preservando el bosque nativo frente a la creciente presión urbana siendo una barrera fundamental para garantizar la integridad del paisaje ante el avance de la frontera inmobiliaria.

Más allá de su riqueza ambiental, la importancia de la reserva también abarca dimensiones históricas y sociales. Al albergar sitios vinculados a la memoria de la región, se constituye, sin duda, en un espacio de preservación de los derechos humanos. Esta relevancia quedó claramente evidenciada con las recientes identificaciones de 12 perfiles genéticos en la zona de “Lomas del Torito”, dadas a conocer por el Juzgado Federal N.º 3 de Córdoba y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Las alarmas: traspaso de tierras y fragmentación del ecosistema

Durante 2025, dos hechos han generado profunda preocupación en organizaciones sociales y en el Foro Ambiental Córdoba: 

• En primer lugar, el anuncio de un posible traspaso de estas tierras a la órbita provincial como mecanismo para saldar la deuda previsional que el Estado Nacional mantiene con Córdoba. Esto fue publicado en distintos medios de comunicación:
  • Se publicó la noticia de que el Gobierno de Córdoba tramita con la Nación el cobro de deuda previsional mediante el canje de bienes, entre ellos tierras del Ejército o la Central Nuclear de Embalse. Por ejemplo, en La Voz de San Justo del 26 de abril de 2025 https://www.lavozdesanjusto.com.ar/el-conflicto-por-la-caja-de-jubilaciones-una-larga-historia-de-desencuentros
  • La Política Online del 25 de abril de 2025 menciona que la Provincia “aspira al pago en especies, a través del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas. En el Gobierno provincial listan bienes nacionales que les interesaría administrar: la Central Nuclear de Embalse de Río Tercero, propiedad de Nación a través de Nucleoeléctrica, viviendas sin terminar del Procrear, 11.330 hectáreas del Ejército y Fadea, la fábrica de aviones.” https://www.lapoliticaonline.com/cordoba/llaryora-presiona-a-milei-para-que-le-garantice-los-fondos-de-la-caja-de-jubilaciones/
  • El Puntal de Río  Cuarto titula su edición del 28 de junio de 2025 “Tras los fondos a la Caja, Córdoba ya negocia el canje de bienes. El lote abarca Fadea, la Central Nuclear de Embalse y tierras del Ejército. Se trata del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas de Javier Milei, con el cual la Provincia busca cobrar deudas.” https://www.puntal.com.ar/caja/tras-los-fondos-la-caja-cordoba-ya-negocia-el-canje-bienes-n238822
• En segundo lugar, los proyectos de pavimentación y conectividad vial que atravesarían la reserva, amenazando con una fragmentación irreversible de su ecosistema.

Ante este escenario, el Foro Ambiental Córdoba ha iniciado una serie de gestiones administrativas para obtener claridad. Sin embargo, las respuestas gubernamentales han sido parciales, evasivas o, en los casos más críticos, inexistentes.

Cronología de una gestión marcada por el silencio oficial

La falta de transparencia se evidencia en la falta de respuesta a dos pedidos de informes realizados durante 2025:

A – El 24/09/2026 se solicitó información al Ministerio de Economía y Gestión Pública y al Gobernador Martín Llaryora (nota que fue posteriormente girada internamente también al Ministerio de Economía) la siguiente información:

1. El listado de bienes de la Nación por el que la Provincia pretende cobrar parte de la deuda previsional, a través del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas.
2. El destino que la Provincia le daría a cada uno de esos bienes en caso de obtenerlos.
3. El grado de avance de la gestión ante la Nación.
   Ante la falta de respuesta, se presentó Pronto Despacho el 15/10/25. Y como se continuó sin obtener respuesta, se presentó Recurso Jerárquico del 17/11/25. A la fecha, la Provincia no ha contestado dichas preguntas.

B – El 01/10/2025 se presentó nota en sede de Caminos de las Sierras, ubicada en Malagueño, solicitando la siguiente información:

1. Copia del proyecto de pavimentación de la ruta E-64 que une La Calera y Malagueño.
2. Copia del Estudio de Impacto Ambiental o Aviso de Proyecto.
   Ante la falta de respuesta, se presentó Pronto despacho en sede de Caminos de las Sierras el 16/10/25. Al continuar la falta de respuesta, se presentó Recurso jerárquico el 27/11/25, como última instancia administrativa. A la fecha, Caminos de las Sierras sigue sin responder estas preguntas.

La resistencia de los sectores gubernamentales a brindar información ambiental no es solo una barrera burocrática; representa una vulneración directa de derechos fundamentales. La Ley de Información Pública Ambiental establece plazos perentorios y mecanismos obligatorios de rendición de cuentas. Sin transparencia, la inacción estatal deja a la comunidad en un estado de indefensión frente a políticas que comprometen su salud, su historia y sus recursos naturales.

El valor estratégico de la Reserva ante la crisis ambiental

La preservación de Reserva de la Defensa La Calera no es solo una cuestión de biodiversidad local, sino un imperativo de seguridad ambiental para el millón y medio de habitantes que dependen de sus servicios ecosistémicos. En un contexto de crisis climática global, donde los eventos meteorológicos extremos son cada vez más frecuentes, este territorio funciona como un «seguro de vida» regional. Cualquier alteración en su fisonomía que no comprenda mayores estándares de conservación sino que al contrario, implique fragmentación del asfalto o el cambio de su estatus jurídico, comprometería irreversiblemente la resiliencia de todo el valle de Sierras Chicas.

Permitir el avance de proyectos sin la debida transparencia informativa no sólo pone en riesgo un patrimonio histórico y natural único, sino que hipoteca el derecho de las futuras generaciones a un entorno equilibrado. La reserva es, en última instancia, el muro de contención que separa el desarrollo sustentable del caos ambiental en el corazón de la provincia.

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Camila Trigilio Cel. 2996016308

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Federico Kopta sobre la audiencia pública por la Ley de Glaciares

El Presidente del Foro Ambiental Córdoba, estuvo abordando el problema que implica la modificación de la Ley de Glaciares en el programa «Es un Montón»

por Canal 10 de Córdoba.

Fuente: Canal 10

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Acueducto. Un proyecto que genera muchas dudas

Parece un contrasentido traer hasta la ciudad de Córdoba agua a través de 350 kilómetros, tomada de un curso de agua en el cual vuelcan las suyas los dos ríos cordobeses más caudalosos.
Veo en el diario que el Gobierno de la Provincia continúa con el proyecto de construir un acueducto a la ciudad de Córdoba desde el río Paraná, para lo cual el 23 de octubre de 2018 firmó un convenio con la Provincia de Santa Fe a efectos de ejecutarlo en conjunto. La inversión es de muy alto costo, estimado en U$S 800 millones, según declaró el entonces gobernador Juan Schiaretti en 2011, y su racionalidad es más que cuestionable.
La idea podría resultar razonable para nuestra provincia, pero sólo para llevar agua al acueducto que alimenta a la ciudad de San Francisco, aumentar su capacidad –hoy insuficiente– y hacer llegar el líquido hasta la zona norte de Arroyito. Pero traerla hasta la ciudad de Córdoba desde otra provincia a través de 350 kilómetros, tomada de un curso de agua en el cual vuelcan las suyas los dos ríos cordobeses más caudalosos –el Tercero y el Cuarto– parece un contrasentido.
La lógica indica que resulta mucho más sencillo, económico y eficiente, derivar hacia el canal Los Molinos agua proveniente del río Tercero, cuyo módulo absoluto alcanza los 21 metros cúbicos por segundo. La distancia por recorrer –unos 45 kilómetros– es casi la octava parte que la del proyecto oficial (350 km) y el desnivel por vencer, unos 35 metros, no llega al 10% de los 390 de aquel, por lo que resulta infinitamente más barato.

Costo económico y ambiental
Esas dudas surgen del texto de mi libro Historia de las aguas de Córdoba. Pero profesionales expertos en la materia también se manifiestan opuestos, o al menos escépticos, en relación con dicho proyecto.
El ingeniero Gonzalo Moya, docente de la Universidad Nacional de Córdoba y especialista en obras hidráulicas, opina que el acueducto sería útil en su primera etapa, pero respecto de la segunda, entiende que deberían analizarse otros recursos.
Más categórico es el profesor Federico Kopta, fundador y presidente del Foro Ambiental de Córdoba, quien se opone a él rotundamente, por considerarlo “un absurdo carísimo, con un costo ambiental enorme en energía y, por consiguiente, en emisiones de dióxido de carbono, gas responsable del cambio climático”.
La Fundación Benito Roggio realizó, en 2012, un estudio sobre el tema y llegó a la conclusión de que antes de pensar en el Paraná, debe plantearse una secuencia de prioridades. Propone comenzar con el río Los Molinos, que puede sumar entre 1,5 y 4 m3/s provenientes de su afluente, el Anisacate. Y seguir luego con el Tercero, con un saldo disponible de más de 17 m3/s, que puede proveer “un caudal de extracción de dos m3/s […], interesante para satisfacer las demandas futuras”.
A ello se suma que el agua del Tercero, a la salida del dique de Piedras Moras o de otra de las presas que tiene el río en su cuenca –no del lago de Embalse, por su eventual contaminación nuclear–, es de una calidad y una pureza mayores que las del Paraná, que arrastra muchos sedimentos y tiene un alto grado de polución, lo que obligaría a someterla a un costoso proceso adicional de purificación.

Moderar el consumo
Se deben también poner en práctica medidas tendientes a moderar el alto consumo de agua potable en la ciudad capital, tales como completar la instalación de medidores domiciliarios e implementar sistemas de reutilización de aguas grises; es decir, las aguas residuales del uso doméstico, provenientes de lavatorios, bañaderas y duchas, y también las del lavado de vajilla y ropa. Sometidas a un sencillo tratamiento, pueden usarse para descarga de inodoros, lavado de automóviles, riego, procesos industriales y otros usos.
También pueden utilizarse, con mayor garantía sanitaria, las aguas tratadas en las dos estaciones depuradoras de aguas residuales (Edar) de Bajo Grande, para sistemas de regadío con distintos niveles de control, generando ahorros en el consumo total de las aguas de las distintas fuentes.
Asimismo, es posible fomentar el riego por goteo en el cinturón verde, todo lo cual se traduciría en una disminución de no menos del 10% de los 8 m3/s que consumimos los cordobeses capitalinos, que supera ampliamente lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud.

Fuente: La Voz del Interior

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Contaminantes por Agroquímicos y Acueducto desde el Paraná en debate

Camila Trigilio, miembro del Foro Ambiental Córdoba, fue entrevistada por el canal villamariense C20N respecto al tema controversial del proyecto de Ley Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la aplicación de Productos Fitosanitarios que permitiría fumigar a 10 metros de viviendas.
Además, se abordó el controversial proyecto provincial de traer con un mega acueducto, agua desde el río Paraná para decenas de localidades de la provincia mientras no se cuidan los recursos locales.

Fuente: C20N

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Alerta por proyecto que reduce distancias de fumigación en zonas urbanas

Camila Trigilio, miembro del Foro Ambiental Córdoba, advirtió en “Córdoba Federal” que la iniciativa permitiría fumigar a solo 10 metros de viviendas y contradice fallos judiciales y evidencia científica.

Fuente: Córdoba Federal

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Fumigar a 10 metros de las casas: ¿qué riesgos hay?

Un nuevo proyecto de ley propone permitir fumigaciones con agrotóxicos a solo diez metros de las viviendas, una distancia que especialistas consideran insuficiente para proteger la salud y el ambiente.
Federico Kopta, biólogo y presidente del Foro Ambiental Córdoba, advierte que detrás de la iniciativa “está el interés empresario”, y que al proyecto “le falta la pata ciudadana y la pata científica”.
La cercanía de las fumigaciones podría exponer a familias y comunidades a sustancias tóxicas que afectan la salud humana, la biodiversidad y la calidad del aire y del agua.

Disponible en el Canal de YouTube de Canal 10 Córdoba

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Un proyecto de ley propone fumigaciones a 10 metros de viviendas

El proyecto de Maximiliano Ferraro y Atilio Benedetti pretende habilitar fumigaciones con agrotóxicos, actividad probadamente tóxica y cancerígena.
Un proyecto de ley, de los diputados Atilio Benedetti (UCR – Entre Ríos) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica – CABA), propone habilitar las fumigaciones con agrotóxicos a tan solo 10 metros de viviendas.
El proyecto pretende regular las fumigaciones con agrotóxicos en todo el país. Fue elaborado junto a la llamada Red de Buenas Prácticas Agropecuarias (RedBPA), integrada por más de 80 instituciones y cámaras empresariales del agronegocio.
En el artículo 7 del proyecto, se crea una zona de exclusión en la que no se podrán realizar fumigaciones con agrotóxicos, mientras que en el artículo 9, esa zona se extiende desde el límite exterior hacia la zona productiva y hasta la distancia de solo diez metros para el caso de las fumigaciones terrestres, con vehículos aéreos no tripulados, aeronaves pilotadas de manera remota o drones; y de 45 metros para el caso de las fumigaciones aéreas.
En Córdoba conocemos de primera mano los resultados de fumigar con agrotóxicos cerca de viviendas. Tal es el caso emblemático de Barrio Ituzaingó, en el que las fumigaciones a corta distancia ocasionaron una alta tasa de cánceres, especialmente en niñas y niños: en 2009, de 5000 habitantes, 200 estaban enfermos. Solo después de años de lucha y juicio, las Madres de Ituzaingó lograron que se reconozca a la fumigación cercana como delito.

«El proyecto es inconstitucional, ilegal y anticientífico«
Según Darío Ávila, abogado especializado en Derecho Ambiental, «el proyecto de ley apunta a la consolidación y perpetuación del modelo de producción agroindustrial dominante, extractivista y químico-dependiente, que —conforme a la ciencia climática especializada—, se ha constituido en el impulsor directo y principal del cambio climático y el calentamiento global«.
El abogado explica que las Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA) determinadas por el modelo agroindustrial son inconstitucionales: violentan el derecho humano a vivir en un ambiente sano, libre de toda actividad que ponga en riesgo la salud, la vida y la integridad de las personas y seres no-humanos. Tampoco se permiten actividades productivas que comprometen a generaciones futuras (Artículo 41 de la Constitución Nacional), ni el derecho de acceso al agua potable y a la adecuada alimentación.
Ávila también señala que las BPA y el proyecto son ilegales, contrarias al principio ambiental de progresividad y no regresión que determina que los objetivos ambientales deberán ser logrados en forma gradual y que, una vez alcanzado un status ambiental determinado, éste no debe disminuirse.
«Este proyecto de ley desconoce la construcción jurídica colectiva desarrollada durante estos últimos 20 años desde los territorios de pueblos fumigados y que ha obtenido recepción favorable en las más recientes jurisprudencias provinciales y nacionales, que fundada en criterios científicos han determinado que las fumigaciones no pueden realizarse a menos de 1.095 metros de las viviendas urbanas, establecimientos escolares rurales, ríos, arroyos y pozos de agua», explica el abogado ambiental.
Ávila expone cómo el proyecto de ley de los diputados Ferraro y Benedetti se basa en argumentos del Grupo de Trabajo sobre Toxicología y Análisis de Riesgo del ILSI, espacio de referencia del agronegocio transgénico.
El trabajo fue elaborado por Federico Martín Elorza (Coordinador técnico de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes –Casafe–) y Eduardo Antonio Moavro (coordinador de BPA del Ministerio de Agricultura de Nación), personas que pertenecen a organismos con intereses directamente vinculados al agronegocio, «todo lo cual es demostrativo de la falta de imparcialidad, objetividad, independencia y rigor científico. Existe aquí un manifiesto conflicto de interés», denuncia el abogado.
El lobby del agronegocio se hace presente y pujante cada vez que se intenta discutir con rigor las sustancias agrotóxicas y sus impactos sanitarios y ambientales.
El informe sobre el que se basa el proyecto de ley «no ha sido publicado en ninguna revista científica prestigiosa ni reconocida, no ha sido evaluado por pares científicos, no se avizora que haya sido aprobado por autoridades públicas competentes, ni que haya sido validado por fuentes institucionales que evidencie garantías metodológicas de transparencia ajustadas al mejor criterio científico. Muy por el contrario, las pruebas de derivas de los agrotóxicos a los que refiere el informe han sido realizadas solo con el uso de agua y de tarjetas hidro-sensibles (metodología muy alejada de la realidad de los campos)», señala Ávila.
El abogado concluye que el proyecto de ley debe ser rechazado por el Congreso del la Nación por contrariar los convenios internacionales en materia de cambio climático suscriptos por la Argentina, la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente 25.675, así como por carecer de fundamentos y rigor científico.

El desastre ecológico y social que deja tras de sí el modelo agroextractivista
Según el informe elaborado por la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (Ipbes), las actividades económicas humanas han tenido un enorme y acelerado impacto en el planeta: el 75% de la superficie terrestre ha sufrido alteraciones considerables, el 66% de la superficie oceánica experimenta cada vez más efectos acumulativos y se destruyó el 85% de la superficie de humedales y millones de hectáreas boscosas.
Ese impacto ambiental se explica en los últimos 50 años por el cambio de uso de la tierra, especialmente por la expansión agrícola y ganadera y un uso intensivo del monocultivo, a expensas de los bosques, humedales y praderas.
En Argentina, entre 1990 y 2014 se perdieron siete millones de hectáreas de bosques nativos. La tasa de deforestación promedio fue de 289.000 hectáreas por año.
El modelo agroindustrial trae consigo desertificación de los suelos, perdida de bosques nativos y biodiversidad, contaminación del agua, aire, suelo, cambio climático.
Además, tiene consecuencias sociales y económicas: desaparece el pequeño productor, se desplazan poblaciones, se pierden empleos, se perpetúa un modelo de acumulación y producción primario-exportador sin posibilidades de soberanía sujeto a la dolarización de la economía y las necesidades de países compradores. Por último, están las graves consecuencias sanitarias asociadas al uso y exposición de los agrotóxicos.
«Es fundamental iniciar una profunda transición hacia otras formar de producción y consumo, abandonar la matriz energética de base fósil, virar hacia una economía no dependiente del mercado, apostar a lo local, de base solidaria y comunitaria», remarca Ávila.
Federico Kopta, biólogo y presidente del Foro Ambiental Córdoba, habló con el medio Canal 10 sobre los peligros del proyecto de ley, en sintonía con lo expresado por Ávila.
Kopta advirtió que detrás de la iniciativa “está el interés empresario”, y que al proyecto “le falta la pata ciudadana y la pata científica”.
El biólogo enfatizó que la cercanía de las fumigaciones expone a familias y comunidades a sustancias tóxicas que afectan la salud humana, la biodiversidad y la calidad del aire y del agua.

Fuente: El Resaltador

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El dilema del agua: traerla del Paraná o cuidarla en las sierras

Mientras avanza lentamente la construcción del Acueducto Interprovincial Santa Fe-Córdoba, científicos locales plantean interrogantes ambientales y técnicos. Advierten sobre la necesidad de mirar hacia las cuencas serranas y repensar la gestión integral del recurso en la provincia.
A poco más de un mes del inicio del verano y después de varias temporadas críticas, Córdoba parte esta vez con una ventaja: gracias a lluvias superiores a lo habitual y reservas embalsadas que rondan el 42% de la capacidad provincial —una cifra sensiblemente mayor a la de un año atrás— el habitual estrés del sistema de abastecimiento de agua potable enfrenta, por fin, un escenario más favorable, al menos en el corto plazo. Pero en el mediano y largo plazo la situación es bien distinta.
Para graficarlo basta el ejemplo de la capital provincial, donde el consumo promedio ronda los 330 litros de agua por persona por día y puede trepar hasta 500 litros en verano, según datos de Aguas Cordobesas. Además, en lo que va de 2025 ya fueron beneficiados más de 24.000 vecinos con nuevos accesos al sistema, según el programa municipal “Más Agua, Más Salud”. Esa combinación —crecimiento del uso y expansión del sistema— proyectada en el tiempo marca un déficit que invita a la búsqueda de una solución estructural.
En ese intento se inscribe el proyecto del Acueducto Interprovincial Santa Fe-Córdoba, firmado en 2022 por los entonces gobernadores Omar Perotti y Juan Schiaretti. En su primera etapa contempla captar agua del río Paraná a la altura de Coronda, potabilizarla y transportarla hasta San Francisco, beneficiando a más de 410.000 habitantes. Y, en una segunda etapa, se planea alcanzar la ciudad de Córdoba, incrementando el número de beneficiarios en 1,2 millón de personas.
La traza de esta primera etapa es de 143 kilómetros de longitud en su tramo troncal y de 345 kms en derivaciones secundarias, según el Aviso de Proyecto que presentó la Administración Provincial de Recursos Hídricos. Fue dividida en ocho bloques, de los cuales los tres primeros tienen financiamiento internacional asegurado: el Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe puso 50 millones de dólares para la obra del bloque A (en ejecución) y también se suscribió el contrato de préstamo entre las provincias involucradas y el Fondo Saudita para el Desarrollo (SFD) por otros 100 millones de dólares para los bloques B y C, con garantías del Estado nacional.
Pero, detrás del entusiasmo oficial y de las cifras millonarias, emergen preguntas de fondo: ¿Es el río Paraná una fuente confiable de agua para el consumo humano? ¿Se soluciona el déficit con esta megaobra o deberíamos, ante todo, aprender a cuidar mejor las fuentes serranas que aún sostienen a Córdoba?

Interrogantes abiertos
El biólogo Federico Kopta, presidente del Foro Ambiental Córdoba, advirtió que el Paraná recibe agroquímicos y, al tratarse de una hidrovía internacional, también efluentes indeseables procedentes de la navegabilidad. En consecuencia, “su agua podría no ser la más adecuada para el consumo humano”, le dijo a Perfil Córdoba.
Por eso, el 14 de abril de este año el Foro solicitó la realización de una Evaluación de Impacto Ambiental y la convocatoria a audiencias públicas. Por ahora, ese pedido no tuvo respuesta formal del Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia.
Entre la documentación que el Foro cita para justificar su solicitud, se menciona un trabajo del biólogo Rafael Lajmanovich, de la Universidad Nacional del Litoral, que registró la concentración de glifosato más alta de Sudamérica (5002 microgramos por kilo de sedimento) en distintos arroyos que desembocan en el Paraná, río arriba de la toma del Acueducto. Otros estudios mencionados también advierten “altos niveles” de ese herbicida en los cursos medio y bajo de los afluentes tributarios.
Cabe señalar que, aunque el Código Alimentario Argentino no fija valores límite para herbicidas de amplio uso actual —lo que algunos interpretan como un vacío regulatorio y otros como una prohibición implícita de cualquier sustancia no mencionada—, la Provincia de Córdoba actualizó en 2016 sus normas de vigilancia ambiental, incorporando una docena de agroquímicos a los controles rutinarios de aguas para bebida (Resolución 174/2016 de la Secretaría de Recursos Hídricos).
Algo similar ocurre en Santa Fe, donde la empresa estatal Aguas Santafesinas (ASSA), que abastece a las principales ciudades ribereñas, monitorea más de 70 parámetros físico-químicos y microbiológicos del agua que distribuye, cuyo origen es el río Paraná. En su informe público de 2024 el valor de glifosato aparece como “<50 µg/L”, lo que significa que ese herbicida no fue hallado en niveles detectables por el método empleado, aunque ello no implica necesariamente su ausencia total.
En cualquier caso, controlar el agua que sale de la canilla “es una acción tardía, porque los plaguicidas deben ser abatidos en la potabilización”, advirtió Kopta. Y he aquí uno de los puntos que más preocupa a los especialistas: las plantas potabilizadoras convencionales están diseñadas para eliminar sedimentos, bacterias y metales, pero no logran abatir de manera completa los plaguicidas ni otros contaminantes persistentes.
En ese contexto, la planta que se construye en Coronda incorpora procesos clásicos de coagulación, decantación, filtración y cloración, según los documentos técnicos disponibles; pero no hay información pública que confirme que el diseño incluya tecnologías avanzadas, como carbón activado, ozonización o membranas, necesarias para remover agroquímicos.
Pero la propuesta de trasladar agua desde más de 300 kilómetros de distancia no sólo abre interrogantes ambientales, sino también técnicos, porque el Paraná atraviesa fluctuaciones históricas en su caudal. Entre 2020 y 2022 sufrió una de las bajantes más severas en medio siglo, según el Instituto Nacional del Agua (INA). Esa vulnerabilidad plantea dudas sobre su estabilidad como fuente de abastecimiento interprovincial a largo plazo, mucho más en un contexto de crisis climática global como el que atravesamos.

Alternativas
Estudios recientes del Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra (Cicterra) y de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC coinciden en la vulnerabilidad hídrica creciente que enfrenta Córdoba ante escenarios de sequía por la presión demográfica, la falta de recarga de acuíferos y los hábitos de derroche de la población. Pero también señalan que la provincia posee márgenes de acción internos para fortalecer su red de abastecimiento.
La clave, sostienen los especialistas, está en recuperar los mecanismos de recarga y preservar las cuencas de alta montaña, donde el agua es más pura y de mejor calidad, implicando además menores costos de tratamiento, potabilización y traslado.
“Nunca está de más recordar que menos del 0,5% del total del agua terrestre es accesible como agua superficial o subterránea renovable”, advirtió el geólogo Ricardo Astini, investigador superior del Conicet y docente de la UNC. Y remarcó que, “aunque no hay una solución única ni mágica, la sostenibilidad ambiental debe ser el primer criterio”.
En su informe “La problemática del agua potable en Córdoba”, Astini plantea que existen alternativas locales de provisión de agua de mejor calidad y menor impacto ambiental. Entre ellas, la optimización de embalses serranos como Los Molinos, Río Tercero y Piedras Moras, la realización de obras de trasvasamiento, interconexión de presas y canales, y el aprovechamiento de sistemas ya existentes, incluyendo el saneamiento del San Roque y la prohibición de todo tipo de embarcaciones a motor en todos los espejos de agua de Córdoba.
Estas soluciones, afirmó, reducirían la dependencia energética y económica respecto de una infraestructura externa y mantendrían la autonomía hídrica dentro de la provincia, mejorando la sostenibilidad del recurso y su calidad. Astini aclaró que no se trata de negar la factibilidad del Acueducto, sino de planificar con criterios claros: eficiencia, diversificación de fuentes, infraestructura adaptativa y sostenibilidad ambiental.
Lo cierto es que el acueducto del Paraná sigue rodeado de preguntas sobre su conveniencia y persiste el dilema técnico, ambiental y político sobre traer agua de lejos o cuidar la que todavía se tiene cerca. Ante ese escenario, la ciencia local plantea la alternativa de gestionar bien las fuentes serranas, mejorar la eficiencia y fortalecer la conciencia social sobre el uso del agua. Porque, como advierten los estudios de la UNC, “el desafío no es sólo asegurar más agua, sino aprender a vivir con la que tenemos”.

Un mapa global de los riesgos hídricos
El sitio ThinkHazard, desarrollado por el Fondo Mundial para la Reducción y Recuperación de Desastres (GFDRR) del Banco Mundial, permite visualizar los niveles de peligro asociados a distintos fenómenos naturales en cualquier punto del planeta.
Con una interfaz simple y respaldo científico, el portal ofrece un panorama rápido sobre amenazas como sequías, inundaciones o deslizamientos, y cómo cada región podría verse afectada por el cambio climático.
En el caso de Córdoba, el sistema indica un nivel bajo de peligro por escasez de agua, con una probabilidad estimada del 1% de sufrir sequías significativas en la próxima década. Sin embargo, advierte que las proyecciones climáticas son inconsistentes y que el riesgo podría aumentar a futuro debido al cambio climático, por lo que recomienda considerar este factor en la planificación territorial y en las políticas de gestión hídrica.
El informe completo puede consultarse en thinkhazard.org, ingresando “Córdoba, Argentina” en el buscador y eligiendo luego la opción “escasez de agua”.

Fuente: Perfil

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De la deuda externa al saqueo ambiental cordobés: ¿qué intereses geopolíticos puede haber detrás de la apropiación de recursos naturales?

Ganó Milei. Pero falta saber cómo se devolverán los dólares prestados por Trump y cuáles fueron los condicionamientos. Es posible que EE.UU. reclame materias primas. En Córdoba, se sospecha de la entrega de la reserva natural La Calera para fines inmobiliarios para cancelar deuda interna. De ocurrir eso, marcaría un antecedente para habilitar entrega de activos naturales por financieros. Por Lea Ross, para La Luna con Gatillo.
Ganó Milei. ¿Pero cómo devolverá todos los dólares que le prestó Estados Unidos, que le permitieron calmar las finanzas en la previa electoral? La fiera financiera seguirá presente. Y en un país donde no ha logrado generar suficientes divisas para cancelar sus deudas, y sí quemarlos para mantener la cotización en baja, abre las preguntas sobre cuáles serán las exigencias y las condiciones que le impusieron la Casa Blanca a la Casa Rosada. La primera respuesta son las materias primas, que pueden ir desde los llamados “minerales raros”, que apuntan a la producción electrónica, hasta fuentes de energía como el petróleo, el gas o incluso territorios para la generación hidroeléctrica y eólica. La provincia de Córdoba no tiene nada de eso para ofrecer. Pero como siempre: situaciones microscópicas permiten darnos una pista sobre cuáles serán los debates y conflictos que se avecinan, desde lo local a lo geopolítico.
El daltonismo especulativo

20 de octubre de 2025. Tribunales de Jesús María
“Elegimos esta sala pequeña, porque como somos pocos no queríamos ir a una sala amplia que haga rebotar el sonido”, explica el juez ante las dos partes. En su lado derecho, se encuentram distintos vecinos que están como querellantes junto con su abogado. Al otro extremo: un representante legal de la provincia de Córdoba, que dirá poco y nada en la audiencia, junto a un matrimonio de empresarios con su asesor legal. El varón de esa pareja pretendió construir un barrio privado en las sierras cordobesas prohibida por las leyes ambientales.
La audiencia fue convocada para lidiar uno de los conflictos ambientales más duraderos de la provincia cordobesa. En el año 2010, la empresa Ticupil SA recibió el permiso de la provincia para levantar 300 casas en el interior de la zona boscosa de Candonga, al norte de Sierras Chicas, en una zona de alta protección de bosque nativo, o “zona roja” como dicen las leyes. El rojo quiere decir que está prohibido desmontarlo. Allí fluye el Río Chavascate, que abastece de agua a los pueblos aledaños. Más de una década después, esa habilitación fue declarada ilegal y se espera un juicio penal contra la autoridad que firmó ese permiso: Raúl Costa, uno de los primeros secretarios ambientales del gobernador Juan Schiaretti. Pasaron varios años, pero Ticupil solo alcanzó a construir 23 viviendas, debido a los frenos judiciales que recibió a partir de las presentaciones realizadas por la Asamblea Vecinos del Chavascate, bajo la consigna “Candonga No Se Toca”.
“Yo no sabía que eso era zona roja”, comenta el empresario Alberto Spagnolo. Los querellantes le retrucan que la resolución provincial “dice explícitamente que eso era zona roja. Por eso se declaró como ilegal”.
“Está más que claro que Ticupil no existe más”, sentencia un funcionario judicial que sigue de cerca el caso, al aseverar que ya no se puede seguir comercializando por estar flojo de papeles.
“De todas maneras -comenta un frustrado Spagnolo-, yo agradezco que hayamos llegado a esta instancia. Porque es la primera vez en 15 años que logramos mantener un diálogo con ustedes. Resulta irónico que lo hayamos hecho en Jesús María, a pesar que vivimos cerca”.
“No había nada para debatir cuando algo es ilegal”, comenta fuera de la audiencia una de las presentes.

Estamos todos mercantilizados
“Somos un matrimonio que trabaja”, insiste la esposa del empresario inversor, Alberto Spagnolo, quien antes de ser impulsor desarrollista inmobiliario, venía del mundo de las finanzas. Spagnolo estuvo en el directorio del Banco Nación, durante la presidencia de Carlos Menem. Además, trabajó en la mesa de dinero Cohen SA, una de las principales firmas que aprovechó la salida del cepo en la presidencia de Mauricio Macri para llevarse los dólares al exterior, conocido como “fuga de capitales”. Probablemente, parte de esos billetes habían sido entregados por el Fondo Monetario Internacional, en su crédito más descomunal entregado a un país en mayo de 2018.
El barrio de Spagnolo se iba a llamarse Candonga Villa Serrana. Calculaban que para el año 2021, iban a recibir unos 15 millones de dólares por parte de quienes iban a comprar los terrenos. Una de las oportunidades desperdiciadas fue el reciente blanqueo de capitales que impulsó el actual presidente Javier Milei el año pasado, donde llegaron unos 20 mil millones; gran parte de ellos se quemaron para mantener el dólar planchado, y permitió fluir la comercialización de inmuebles y rodados. Sin embargo, las presentaciones judiciales vecinales evitaron que haya suficientes ladrillos para poder levantar todas las casas.
Tanto Spagnolo como su esposa, a contramano de la asamblea vecinal, comentaron en plena audiencia que han hecho un importante labor en el cuidado del ambiente: “Hemos hecho la mejor recuperación de la zona. Tenemos la mejor relación con el área de Turismo y Cultura de la provincia. Preservamos la capilla histórica de Candonga. Tenemos una huerta orgánica donde cultivamos sin agroquímicos. Solo tuvimos un caso de incendios. Y no veo que el resto se preocupe por la explosión de las canteras”.
La privatización de los ecosistemas está presente en el marco teórico de los empresarios que han invertido en los barrios privados de las sierras cordobesas. Ante los discursos contra los estados públicos por su ineficiencia en evitar la contaminación de los suelos y los ríos, aparece el espíritu emprendedor, capaz de poner en práctica el proteccionismo natural, que tanto venera quienes tienen el privilegio de hospedarse en ella. No siempre el negacionismo al cambio climático es la única cualidad que caracteriza la mercantilización de los bienes naturales.

Cordobesismo-Ceno
Miércoles 22 de octubre de 2025. Sede del sindicato de prensa, ciudad de Córdoba
“Ya que estamos todos, al gobierno le vendría bárbaro tirar una bomba acá”, comenta un presente de manera jocosa. Lo dice cuando apenas arranca la presentación oficial de la Red de Protección Territorial de la Reserva La Calera, una unión de organizaciones que deciden poner en práctica la defensa de un amplio ecosistema natural, que se encuentra en el interior de la gran mancha urbana cordobesa. En particular, en Sierras Chicas, zona donde hay fuertes inversiones de barrios privados, como es la que intentó hacer Ticupil SA.
La Reserva La Calera un ambiente donde habitan distintas especies de la fauna y flora autóctona, con jurisdicción nacional. El problema es que la Provincia anunció que iba a pavimentar la Ruta E-64, que conecta La Calera con Malagueño. Eso atravesaría al medio del área, a lo que suma la posibilidad de generar presiones de un lobby inmobiliario para lotear esas tierras al costado de ese camino.
Llegado desde Brasil, el locutor radial y docente Pablo Ramos aporta de que frente a las discusiones académicas sobre “antropoceno” o “capitalceno” -es decir, cuando la acción humana genera impactos ambientales a gran escala-. propone aplicar el neologismo de “Cordobesismo-ceno”, ya que tiene “un peso geológico al hablar que solo queda el 2 o 3% de bosque nativo” en toda la provincia.
“La reserva es un área enorme, desde el punto de vista urbanístico. Al estar rodeada de urbanizaciones, eso genera un conflicto permanente en los límites. Las amenazas vienen de los bordes, pero tiene su propia fortaleza y cada vez se va a consolidando más. Y este encuentro lo demuestra”, señala la arquitecta María Luz Cammisa. “Parece que un grupo minúsculo de personas pueden decidir por todos nosotros. Soberanía es la posibilidad de decidir y si no nos posicionamos, vamos a terminar cediendo ese lugar de soberanía”, señala el biólogo Emiliano Salguero, quien también activa en espacios de Derechos Humanos.
Dentro de la reserva, está el ex-centro clandestino de detención La Perla, que fue noticia recientemente por el hallazgo de enterramientos de personas desaparecidas: “Sabíamos que quienes lucharon por esa soberanía, muchos de ellos estaban allí… Perdón que me emocione, pero es una noticia alentadora y es un hecho histórico… Sabíamos que estaban allí, hacía cuarenta años que los veníamos buscando”, continúa Salguero.
Desde el Foro Ambiental Córdoba, el biólogo Federico Kopta plantea la sospecha de un posible canje de Provincia y Nación para ceder las tierras nacionales a la gobernación, a cambio de saldar deudas: “Solo se conoce por información de prensa del mes de abril. El gobierno [provincial] quiere cobrar la deuda previsional. No hay plata. Entonces, se entregan bienes. Según varios medios de comunicación, esos bienes serían la central nuclear de Embalse, [la empresa de fabricación de aviones] Fadea y tierras del ejército. Incluso, algunos citaron once mil hectáreas. O sea: éstas”.
Jorge Astrada es otro histórico que tuvo su participación en el empuje por la creación de la reserva: “No podemos permitir que pavimenten sobre los derechos humanos y al medio de la reserva. Porque perderíamos, por lo menos, la parte este y después vienen por todo”.
“Estas 13 mil hectáreas tienen un valor geopolítico estratégico”, sostiene el también biólogo ya jubilado Atilio Palacios. “Cuando fue secretaria de Ambiente del presidente Carlos Menem, María Julia Alsogaray proponía cambiar deuda externa por parques nacionales. No lo pudo hacer, porque no había jurisprudencia, ya que toda área protegida no puede monetarizarse, porque es intangible. Si nosotros cedemos a la posibilidad de canje de deuda interna con estas tierras, estamos generando un antecedente que, con la tamaña deuda externa que se nos infló a propósito, estaríamos regalando los parques nacionales con jurisprudencia a favor”.
La problemática de esa deuda externa se ha acrecentado con los acuerdos recientes con el FMI y la insólita situación de intercambio de monedas (swap) que realiza Estados Unidos para entregar dólares a cambio de pesos argentinos. Esto último, también funciona como préstamo, porque dentro de la letra se pauta la devolución de esos montos e incluso con tasas de interés. La falta de capacidad de pago para el país implicaría acelerar aún más esa “monetización” de los activos del país, que incluiría los propios territorios. Para una perspectiva anarcocapitalista, y al igual que el resultado electoral reciente: estamos mal pero vamos bien.

Fuente: ANRed

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️Impacto de pavimentar una ruta que atraviesa la Reserva Natural de la Defensa La Calera

El impacto que tendrá la fragmentación de los ecosistemas debido al trazado asfaltado y el consiguiente aumento del tránsito. Actualmente se trata de un camino de tierra, que es utilizado principalmente por ciclistas. También el futuro cambio en el uso de suelo.
Federico Kopta, biólogo y referente ambiental de Córdoba, presidente del Foro Ambiental Córdoba.

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