Exoneración de la Dra. Virginia Aparicio, del INTA. Defender el valor de la ciencia es contribuir a una sociedad mejor informada y a un futuro ambientalmente sostenible

Desde el Foro Ambiental Córdoba manifestamos nuestra preocupación ante la exoneración de la Dra. Virginia Aparicio, investigadora del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), quien participó en el proyecto internacional SPRINT, dedicado al estudio de la presencia de plaguicidas en el ambiente y de la exposición humana a estas sustancias.
Es importante comprender la magnitud de los resultados logrados a través del estudio coordinado por la Dra. Aparicio. En nuestro país se tomaron muestras durante el año 2021, en la provincia de Buenos Aires. En las muestras de suelo se detectaron hasta 12 residuos de plaguicidas diferentes; en aguas superficiales entre 10 y 28. Y en el polvo de las viviendas, entre 43 y 86 diferentes. En alimentos para animales encontraron hasta 25; en su orina hasta 12, y en su materia fecal, hasta 16.
En los 73 voluntarios que participaron del proyecto encontraron, en sangre, entre 2 y 10 plaguicidas diferentes; en orina entre 6 y 13 y, en materia fecal, hasta 18 . En las pulseras de silicona que utilizaron durante siete días, se registraron entre 7 y 53 plaguicidas. Y ,en alimentos de los participantes, entre 6 y 22.
Las investigaciones sobre la presencia de plaguicidas en el ambiente y en el organismo humano aportan información relevante que debe ser estudiada, evaluada y puesta a disposición de la sociedad. La generación de conocimiento y el debate científico abierto son esenciales para construir políticas públicas basadas en evidencia.
La ciencia constituye una herramienta indispensable para la toma de decisiones públicas responsables. En materia ambiental, el conocimiento científico permite identificar riesgos, comprender sus consecuencias, orientar políticas de prevención y adoptar medidas destinadas a proteger la salud de las personas y los ecosistemas.
Consideramos fundamental que las decisiones institucionales respeten los principios de razonabilidad, proporcionalidad y debido proceso, y garanticen las condiciones necesarias para el desarrollo de la investigación científica. Fortalecer las instituciones científicas, preservar la independencia de quienes investigan y garantizar el acceso a la información ambiental son condiciones necesarias para una gestión pública transparente y comprometida con el bienestar colectivo.
El artículo 41 de la Constitución Nacional reconoce el derecho de todos los habitantes a un ambiente sano y establece el deber de las autoridades de protegerlo y proveer información ambiental, lo cual es profundizado con la adhesión al Acuerdo de Escazú.
Desde el Foro Ambiental Córdoba reafirmamos nuestro compromiso con el diálogo entre la comunidad científica, las instituciones públicas y la sociedad civil, convencidos de que las mejores decisiones se construyen a partir del conocimiento, la participación y el respeto institucional.
Defender el valor de la ciencia es contribuir a una sociedad mejor informada y a un futuro ambientalmente sostenible.

Contactos por Ampliación:
Camila Triglio – 299-6016308
Luis Tuninetti – 353-4115604

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Córdoba ha declarado 8 especies como Monumentos Naturales para proteger su biodiversidad, como el cóndor andino y el guanaco, que enfrentan amenazas debido a la pérdida de hábitat. Estas especies emblemáticas representan ecosistemas frágiles que requieren conservación para evitar su extinción. Además, se destacan esfuerzos de conservación en áreas como Pampa de Achala y el Parque Nacional Estancia Pinas para preservar estas especies únicas

Fuente: Canal 10 – Programa Es Un Montón

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Avanza en Córdoba un proyecto pionero para prohibir las trampas de aves y frenar el tráfico de fauna

Con el consenso de científicos, ambientalistas y fuerzas de seguridad, la Legislatura cordobesa debate una norma clave para erradicar las jaulas tramperas. La medida busca cortar el primer eslabón del comercio ilegal y aliviar la presión sobre los centros de rescate de especies.
La preservación del patrimonio natural sumó un debate institucional decisivo en el ámbito legislativo. En la Sala de Verdad, Memoria y Justicia, la Comisión de Ambiente y Recursos Renovables comenzó el análisis de una propuesta integral que busca prohibir de manera absoluta la fabricación, comercialización y uso de jaulas tramperas, así como de cualquier otro dispositivo diseñado para la captura furtiva o el cautiverio no autorizado de animales silvestres.
Lejos de tratarse de una mera formalidad, la iniciativa apunta a la raíz de una problemática histórica que golpea directamente a los ecosistemas locales. El uso sistemático de estas herramientas constituye el principal motor de la caza ilegal de aves autóctonas, un flagelo que erosiona la biodiversidad regional y genera un severo desequilibrio en la fauna nativa.
Además de abordar el impacto ambiental, el debate incorpora una mirada preventiva de salud pública y bienestar animal. La regulación pretende reducir los riesgos sanitarios asociados a la manipulación sin control de especies silvestres y descomprimir la saturación que enfrentan hoy los centros de rescate y rehabilitación, desbordados por el constante decomiso de ejemplares en el circuito ilícito.

Un consenso técnico y académico integral
El tratamiento en comisión se destacó por un intenso trabajo interdisciplinario que reunió a los principales actores territoriales y científicos del área. Entre los expositores estuvieron representantes de la organización Aves Argentinas (Sergio Acosta y Martín Alberto Cascone), especialistas de la Universidad Católica de Córdoba y la Reserva Tatú Carreta (María del Rosario Ahumada, Javier Edgardo Alvarez, Noemí Salinas y Fernando Betolli), así como miembros del Foro Ambiental (Camila Sosa y Camila Trigilio) y la Fundación Mil Aves (Guillermo Galliano).
Asimismo, el análisis técnico y operativo sumó los aportes institucionales de la Subsecretaría de Biodiversidad —con las intervenciones de Victoria Arcamone y Antonella De Luca— y de la Policía Ambiental, representada por Adrián Rinaudo y Belén Blanda.
El proyecto —que fue presentado con la firma de la bancada impulsora a cargo de Brenda Austin y Abraham Galo— continuará en estudio en el seno de la comisión. Las autoridades legislativas confirmaron que se mantendrá la recepción de informes técnicos para consolidar un marco normativo contundente y aplicable que sirva de referencia en la región.

Fuente: Página 12

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Presentan un proyecto de ley para prohibir tramperos para capturar aves silvestres

Presentaron un proyecto de ley avalado por 8.400 firmas. Es impulsado por universidades, centros de rescate y ONG’s especializadas, como Fundación Mil Aves y el Foro Ambiental Córdoba.
Un proyecto de ley busca proteger la fauna silvestre de Córdoba a través de la prohibición de la fabricación, comercialización, distribución, publicidad, tenencia y uso de tramperos, jaulas y otros dispositivos destinados a la captura de aves y animales silvestres.
La iniciativa surgió de la campaña “Córdoba sin tramperos”, impulsada por universidades, centros de rescate de fauna silvestre como Tatú Carreta, Pumakawa, Proyecto Carayá, Fundación Mil Aves, Aves Argentinas, Foro Ambiental Córdoba, entre otras ONG’s dedicadas a la conservación en nuestra provincia.
El proyecto fue elaborado con el aporte de especialistas en fauna, biodiversidad, derecho ambiental y conservación animal. El fundamento de la propuesta es claro: no alcanza con sancionar la captura ilegal cuando el animal ya fue extraído de su ambiente. “En materia ambiental es necesario actuar antes del daño”, destacan sus impulsores.
La campaña ya reunió más de 8.400 firmas verificadas de ciudadanos de toda la provincia de Córdoba, lo que demuestra que la protección de la fauna silvestre es también una demanda social concreta.
El proyecto fue presentado en la Legislatura Unicameral por Abraham Galo y Brenda Austin, integrantes de la Comisión de Ambiente y ya tomó estado parlamentario. Según el texto de la iniciativa legislativa, la autoridad de aplicación de la futura ley será la Policía Ambiental o un organismo que la reemplace.
Este martes se presentaron los fundamentos técnicos del proyecto y los impulsores esperan que se convierta en ley en las próximas semanas.

El 80% de la fauna decomisada son aves
“Cada ave capturada implica sufrimiento animal, pérdida de biodiversidad, alteración de funciones ecosistémicas y riesgos sanitarios asociados a la manipulación y tenencia informal de animales silvestres”, expresó a La Voz María Ahumada, responsable de Tatú Carreta, el centro de rescate que recibe aves y animales silvestres decomisados.
Además, subrayó que los tramperos no son objetos neutros: son el primer eslabón material de una cadena que favorece la captura, el cautiverio, el mascotismo y el tráfico ilegal de fauna. Ahumada, valoró la participación de instituciones y fundaciones para que los legisladores se hicieran eco de la propuesta.
“La Ley Ambiental 10.208 que rige para Córdoba es precautoria. Prohíbe la tenencia de fauna silvestre, pero no la fabricación y comercialización de tramperos”, explicó. Y añadió: “Estos no tienen otra utilidad que no sea para hacer algo ilícito, que es la captura de la fauna silvestre”.
“De esta manera, con la propuesta no solo evitaremos que las personas comercialicen fauna silvestre y la capturen, sino que también impediremos la fabricación de estos elementos que son necesarios para capturarlos”, sostuvo.
Ahumada también señaló que el tráfico ilegal es una de las principales causas de extinción de la fauna silvestre. Y contó que hasta agosto de 2026 llegaron al centro de rescate 800 ejemplares por decomiso, de los cuales el 80% fueron aves. La reina mora es la especie más capturada en esta provincia.
“Con respaldo técnico, institucional y ciudadano, sólo resta ahora que la Legislatura avance en su tratamiento y aprobación para que Córdoba cuente con una herramienta preventiva, necesaria y posible frente a la captura y el tráfico ilegal de fauna silvestre”, indicó.
Finalmente, subrayó que prohibir los tramperos es actuar antes del daño, reducir el tráfico ilegal y construir una relación más responsable con la vida silvestre.

Fuente: La Voz del Interior

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Un recorrido por la historia del Parque Sarmiento, uno de los espacios verdes más importantes de la ciudad de Córdoba (y uno de los últimos). Conversamos sobre su origen a fines del siglo XIX, el proyecto de Charles Thays, el particular diseño de sus calles y sus transformaciones a lo largo del tiempo.
El biólogo Federico Kopta cuenta el detalle de la reconstrucción del puente que vuelve a conectar la Isla Encantada con la Isla Crisol.

Fuente: Canal 10 – Programa Es un Montón

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El láser como una alternativa tecnológica y relativamente inocua para el manejo de aves urbanas o consideradas plaga, especialmente palomas y estorninos. Es importante utilizarlo correctamente de manera que el estímulo resulte disuasorio sin provocar daños o alteraciones innecesarias en las aves.

Fuente: Canal 10 – Programa Es un Montón

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Alerta sobre el futuro de la Reserva Natural de la Defensa La Calera: entre la opacidad oficial y el riesgo ambiental

La Reserva Natural de la Defensa La Calera constituye uno de los activos estratégicos y ecológicos más críticos de la provincia de Córdoba. Con una extensión superior a las 11.000 hectáreas bajo custodia del Ejército Argentino, este territorio representa el pulmón verde más grande del Gran Córdoba. Su función es vital: actúa como un regulador hídrico natural que mitiga inundaciones y protege las cuencas que abastecen de agua a la capital y zonas aledañas. Además, posee un valor biológico incalculable al funcionar como el corredor natural que conecta los ecosistemas de las Sierras Chicas, preservando el bosque nativo frente a la creciente presión urbana siendo una barrera fundamental para garantizar la integridad del paisaje ante el avance de la frontera inmobiliaria.

Más allá de su riqueza ambiental, la importancia de la reserva también abarca dimensiones históricas y sociales. Al albergar sitios vinculados a la memoria de la región, se constituye, sin duda, en un espacio de preservación de los derechos humanos. Esta relevancia quedó claramente evidenciada con las recientes identificaciones de 12 perfiles genéticos en la zona de “Lomas del Torito”, dadas a conocer por el Juzgado Federal N.º 3 de Córdoba y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Las alarmas: traspaso de tierras y fragmentación del ecosistema

Durante 2025, dos hechos han generado profunda preocupación en organizaciones sociales y en el Foro Ambiental Córdoba: 

• En primer lugar, el anuncio de un posible traspaso de estas tierras a la órbita provincial como mecanismo para saldar la deuda previsional que el Estado Nacional mantiene con Córdoba. Esto fue publicado en distintos medios de comunicación:
  • Se publicó la noticia de que el Gobierno de Córdoba tramita con la Nación el cobro de deuda previsional mediante el canje de bienes, entre ellos tierras del Ejército o la Central Nuclear de Embalse. Por ejemplo, en La Voz de San Justo del 26 de abril de 2025 https://www.lavozdesanjusto.com.ar/el-conflicto-por-la-caja-de-jubilaciones-una-larga-historia-de-desencuentros
  • La Política Online del 25 de abril de 2025 menciona que la Provincia “aspira al pago en especies, a través del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas. En el Gobierno provincial listan bienes nacionales que les interesaría administrar: la Central Nuclear de Embalse de Río Tercero, propiedad de Nación a través de Nucleoeléctrica, viviendas sin terminar del Procrear, 11.330 hectáreas del Ejército y Fadea, la fábrica de aviones.” https://www.lapoliticaonline.com/cordoba/llaryora-presiona-a-milei-para-que-le-garantice-los-fondos-de-la-caja-de-jubilaciones/
  • El Puntal de Río  Cuarto titula su edición del 28 de junio de 2025 “Tras los fondos a la Caja, Córdoba ya negocia el canje de bienes. El lote abarca Fadea, la Central Nuclear de Embalse y tierras del Ejército. Se trata del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas de Javier Milei, con el cual la Provincia busca cobrar deudas.” https://www.puntal.com.ar/caja/tras-los-fondos-la-caja-cordoba-ya-negocia-el-canje-bienes-n238822
• En segundo lugar, los proyectos de pavimentación y conectividad vial que atravesarían la reserva, amenazando con una fragmentación irreversible de su ecosistema.

Ante este escenario, el Foro Ambiental Córdoba ha iniciado una serie de gestiones administrativas para obtener claridad. Sin embargo, las respuestas gubernamentales han sido parciales, evasivas o, en los casos más críticos, inexistentes.

Cronología de una gestión marcada por el silencio oficial

La falta de transparencia se evidencia en la falta de respuesta a dos pedidos de informes realizados durante 2025:

A – El 24/09/2026 se solicitó información al Ministerio de Economía y Gestión Pública y al Gobernador Martín Llaryora (nota que fue posteriormente girada internamente también al Ministerio de Economía) la siguiente información:

1. El listado de bienes de la Nación por el que la Provincia pretende cobrar parte de la deuda previsional, a través del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas.
2. El destino que la Provincia le daría a cada uno de esos bienes en caso de obtenerlos.
3. El grado de avance de la gestión ante la Nación.
   Ante la falta de respuesta, se presentó Pronto Despacho el 15/10/25. Y como se continuó sin obtener respuesta, se presentó Recurso Jerárquico del 17/11/25. A la fecha, la Provincia no ha contestado dichas preguntas.

B – El 01/10/2025 se presentó nota en sede de Caminos de las Sierras, ubicada en Malagueño, solicitando la siguiente información:

1. Copia del proyecto de pavimentación de la ruta E-64 que une La Calera y Malagueño.
2. Copia del Estudio de Impacto Ambiental o Aviso de Proyecto.
   Ante la falta de respuesta, se presentó Pronto despacho en sede de Caminos de las Sierras el 16/10/25. Al continuar la falta de respuesta, se presentó Recurso jerárquico el 27/11/25, como última instancia administrativa. A la fecha, Caminos de las Sierras sigue sin responder estas preguntas.

La resistencia de los sectores gubernamentales a brindar información ambiental no es solo una barrera burocrática; representa una vulneración directa de derechos fundamentales. La Ley de Información Pública Ambiental establece plazos perentorios y mecanismos obligatorios de rendición de cuentas. Sin transparencia, la inacción estatal deja a la comunidad en un estado de indefensión frente a políticas que comprometen su salud, su historia y sus recursos naturales.

El valor estratégico de la Reserva ante la crisis ambiental

La preservación de Reserva de la Defensa La Calera no es solo una cuestión de biodiversidad local, sino un imperativo de seguridad ambiental para el millón y medio de habitantes que dependen de sus servicios ecosistémicos. En un contexto de crisis climática global, donde los eventos meteorológicos extremos son cada vez más frecuentes, este territorio funciona como un «seguro de vida» regional. Cualquier alteración en su fisonomía que no comprenda mayores estándares de conservación sino que al contrario, implique fragmentación del asfalto o el cambio de su estatus jurídico, comprometería irreversiblemente la resiliencia de todo el valle de Sierras Chicas.

Permitir el avance de proyectos sin la debida transparencia informativa no sólo pone en riesgo un patrimonio histórico y natural único, sino que hipoteca el derecho de las futuras generaciones a un entorno equilibrado. La reserva es, en última instancia, el muro de contención que separa el desarrollo sustentable del caos ambiental en el corazón de la provincia.

AGRADECEMOS SU DIFUSIÓN

Contacto para los medios

Gabriela Luján Cel. 3513913252

Camila Trigilio Cel. 2996016308

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Federico Kopta sobre la audiencia pública por la Ley de Glaciares

El Presidente del Foro Ambiental Córdoba, estuvo abordando el problema que implica la modificación de la Ley de Glaciares en el programa «Es un Montón»

por Canal 10 de Córdoba.

Fuente: Canal 10

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Acueducto. Un proyecto que genera muchas dudas

Parece un contrasentido traer hasta la ciudad de Córdoba agua a través de 350 kilómetros, tomada de un curso de agua en el cual vuelcan las suyas los dos ríos cordobeses más caudalosos.
Veo en el diario que el Gobierno de la Provincia continúa con el proyecto de construir un acueducto a la ciudad de Córdoba desde el río Paraná, para lo cual el 23 de octubre de 2018 firmó un convenio con la Provincia de Santa Fe a efectos de ejecutarlo en conjunto. La inversión es de muy alto costo, estimado en U$S 800 millones, según declaró el entonces gobernador Juan Schiaretti en 2011, y su racionalidad es más que cuestionable.
La idea podría resultar razonable para nuestra provincia, pero sólo para llevar agua al acueducto que alimenta a la ciudad de San Francisco, aumentar su capacidad –hoy insuficiente– y hacer llegar el líquido hasta la zona norte de Arroyito. Pero traerla hasta la ciudad de Córdoba desde otra provincia a través de 350 kilómetros, tomada de un curso de agua en el cual vuelcan las suyas los dos ríos cordobeses más caudalosos –el Tercero y el Cuarto– parece un contrasentido.
La lógica indica que resulta mucho más sencillo, económico y eficiente, derivar hacia el canal Los Molinos agua proveniente del río Tercero, cuyo módulo absoluto alcanza los 21 metros cúbicos por segundo. La distancia por recorrer –unos 45 kilómetros– es casi la octava parte que la del proyecto oficial (350 km) y el desnivel por vencer, unos 35 metros, no llega al 10% de los 390 de aquel, por lo que resulta infinitamente más barato.

Costo económico y ambiental
Esas dudas surgen del texto de mi libro Historia de las aguas de Córdoba. Pero profesionales expertos en la materia también se manifiestan opuestos, o al menos escépticos, en relación con dicho proyecto.
El ingeniero Gonzalo Moya, docente de la Universidad Nacional de Córdoba y especialista en obras hidráulicas, opina que el acueducto sería útil en su primera etapa, pero respecto de la segunda, entiende que deberían analizarse otros recursos.
Más categórico es el profesor Federico Kopta, fundador y presidente del Foro Ambiental de Córdoba, quien se opone a él rotundamente, por considerarlo “un absurdo carísimo, con un costo ambiental enorme en energía y, por consiguiente, en emisiones de dióxido de carbono, gas responsable del cambio climático”.
La Fundación Benito Roggio realizó, en 2012, un estudio sobre el tema y llegó a la conclusión de que antes de pensar en el Paraná, debe plantearse una secuencia de prioridades. Propone comenzar con el río Los Molinos, que puede sumar entre 1,5 y 4 m3/s provenientes de su afluente, el Anisacate. Y seguir luego con el Tercero, con un saldo disponible de más de 17 m3/s, que puede proveer “un caudal de extracción de dos m3/s […], interesante para satisfacer las demandas futuras”.
A ello se suma que el agua del Tercero, a la salida del dique de Piedras Moras o de otra de las presas que tiene el río en su cuenca –no del lago de Embalse, por su eventual contaminación nuclear–, es de una calidad y una pureza mayores que las del Paraná, que arrastra muchos sedimentos y tiene un alto grado de polución, lo que obligaría a someterla a un costoso proceso adicional de purificación.

Moderar el consumo
Se deben también poner en práctica medidas tendientes a moderar el alto consumo de agua potable en la ciudad capital, tales como completar la instalación de medidores domiciliarios e implementar sistemas de reutilización de aguas grises; es decir, las aguas residuales del uso doméstico, provenientes de lavatorios, bañaderas y duchas, y también las del lavado de vajilla y ropa. Sometidas a un sencillo tratamiento, pueden usarse para descarga de inodoros, lavado de automóviles, riego, procesos industriales y otros usos.
También pueden utilizarse, con mayor garantía sanitaria, las aguas tratadas en las dos estaciones depuradoras de aguas residuales (Edar) de Bajo Grande, para sistemas de regadío con distintos niveles de control, generando ahorros en el consumo total de las aguas de las distintas fuentes.
Asimismo, es posible fomentar el riego por goteo en el cinturón verde, todo lo cual se traduciría en una disminución de no menos del 10% de los 8 m3/s que consumimos los cordobeses capitalinos, que supera ampliamente lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud.

Fuente: La Voz del Interior

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Contaminantes por Agroquímicos y Acueducto desde el Paraná en debate

Camila Trigilio, miembro del Foro Ambiental Córdoba, fue entrevistada por el canal villamariense C20N respecto al tema controversial del proyecto de Ley Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la aplicación de Productos Fitosanitarios que permitiría fumigar a 10 metros de viviendas.
Además, se abordó el controversial proyecto provincial de traer con un mega acueducto, agua desde el río Paraná para decenas de localidades de la provincia mientras no se cuidan los recursos locales.

Fuente: C20N

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